Ciudad de México. – Los principales aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscan normas más estrictas para las elecciones judiciales de México, aun cuando ella defiende la reforma aprobada por su predecesor, que abrió los tribunales a jueces que consideran no aptos para el cargo.
Javier Corral Jurado –ex panista converso a morenista–, quien preside la Comisión Judicial del Senado, y Alfonso Ramírez Cuéllar –coordinador de morena en la Cámara de Diputados–, declararon en entrevistas que planean proponer cambios a menos de un año de que México celebrara sus primeras elecciones, como parte de una reforma integral del Poder Judicial aprobada en 2024.
¿QUÉ CAMBIOS PROPONEN?
Los cambios buscan elevar los estándares que los candidatos deben cumplir para poder presentarse a las elecciones. Una medida que, según afirman, pretende revertir lo que los críticos consideran una tendencia de errores vergonzosos por parte de jueces inexpertos que están ahuyentando las oportunidades de negocio.
Los legisladores también quieren posponer en un año las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027.
“Lo cierto es que un grupo de candidatos no aptos fueron elegidos”, dijo Corral Jurado, agregando que “debe haber un proceso para corregir la reforma judicial y garantizar un proceso de selección mucho más eficaz, competente y transparente. Modificar el sistema que convirtió a México en una de las pocas naciones del planeta en elegir jueces federales, incluidos los miembros de su Suprema Corte de Justicia, no será fácil”, comentó.
Sheinbaum ha defendido la reforma judicial –un logro emblemático de su predecesor y mentor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador–, de los críticos que afirmaron, este mismo mes, argumentando que esas afirmaciones de que causaría grandes problemas en México, eran simplemente falsas.
La oficina de Sheinbaum no respondió a la solicitud de comentarios.
PROBLEMA ACTUAL
Javier Corral insiste en que los estándares mínimos para los aspirantes a jueces fueron insuficientes en las primeras elecciones (del año pasado), cuando casi 900 jueces fueron elegidos para ejercer en los tribunales.
Afirmó que apoya el regreso de los exámenes judiciales para evaluar los conocimientos de los candidatos.
“Debe haber un examen, y ese examen debe tener un peso significativo en los criterios de evaluación para seleccionar a un candidato”, dijo, y agregó que también le gustaría que se creara un nuevo comité de selección que pueda mejorar el proceso de verificación.
“Conozco jueces que ni siquiera pueden administrar sus propios hogares”, comentó Corral Jurado, quien durante mucho tiempo fue miembro del Partido de Acción Nacional (PAN) –con una actitud favorable a las empresas–, antes de unirse a morena hace unos años.
Ramírez Cuéllar también apoya un examen y un proceso de certificación de candidatos que requeriría que los aspirantes a jueces hayan pasado “al menos un determinado periodo en el poder judicial”, dijo.
Pidió una reducción en el número de candidatos para simplificar las elecciones después de que el año pasado hubo largas listas de participantes, en su mayoría desconocidos.
Alfonso también apoya un examen y un proceso de certificación de candidatos que requeriría que los aspirantes a jueces hayan pasado “al menos un determinado periodo en el poder judicial”, dijo.
¿QUÉ CAMBIÓ?
La reforma constitucional redujo los requisitos para los aspirantes a jueces, entre otras cosas, al eliminar el examen que antes debían presentar.
Si bien especificaba que los jueces debían ser abogados, no exigía que hubieran ejercido en un tribunal y redujo los años mínimos de experiencia laboral necesarios para optar al cargo.
Se creó un comité para determinar las cualificaciones de los candidatos, pero muchos jueces nuevos sin experiencia judicial previa resultaron elegidos en una votación con baja participación.
Eso ha generado cautela entre las empresas y los inversionistas, que desconfiaban de la reforma incluso antes de su aprobación.
Una encuesta a economistas del banco central reveló que la “falta de Estado de derecho” ha pasado del tercer al segundo puesto en la lista de obstáculos para hacer negocios en México, mientras que un indicador gubernamental de la inversión muestra que esta se detuvo en gran medida después de que se promulgara la reforma, ya que las empresas temían el fin de las decisiones legales independientes.
Algunas empresas han evitado los nuevos tribunales, optando en su lugar por procesos de arbitraje o mediación.
¿QUÉ SE SABE DE LOS CAMBIOS?
Los legisladores no proporcionaron un cronograma definitivo sobre cuándo podrían proponer cambios, y no está claro si contarían con el respaldo suficiente en la legislatura.
Ramírez Cuéllar afirmó que la coalición congresional de morena, que cuenta con amplias mayorías en ambas cámaras, había llegado a un ‘consenso’ sobre la reducción del número de candidatos, pero no ofreció más detalles.
AMLO, como se conoce al expresidente, promovió la reforma como una forma de eliminar la corrupción y el nepotismo del Poder Judicial de México.
Sheinbaum ha mantenido una visión similar, argumentando que acerca el poder judicial a los mexicanos comunes para contrarrestar acusaciones de la oposición de que socava la democracia.
La afirmación de que ocurrirían todo tipo de cosas malas después de la elección del poder judicial no se cumplió”, dijo este mes.
*** Fuente: Bloomberg / Gonzalo Soto y Alex Vásquez / El Financiero
