Por Juan Sánchez Mendoza

 

Cuando el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca se anticipó a decretar el aislamiento de los tamaulipecos (marzo 16), para evitar mayor contagio de coronavirus en la entidad –mientras la Federación dispuso que las clases y actividades no esenciales fueran suspendidas hasta el día 30–, hubo voces discordantes que, de entrada, no comulgaron con su decisión.

Incluso de alcaldes que gobiernan los municipios con más desarrollo y explosión demográfica en el estado, pero basado en estadísticas reales, el mandatario acordó con el Consejo Estatal de Salud todas y cada una de las acciones a proseguir durante la emergencia.

Nunca le hizo caso el mandatario a las recomendaciones del Gobierno central, pues intuyó mentiras, datos falsos o adulterados, por lo que antes de darse a conocer el primer calendario de confinamiento, él decretó para Tamaulipas el aislamiento social, a fin de proteger a su gente.

De ahí que las encomiendas de la Secretaría de Salud (federal), hasta hoy, no sean atendidas en el estado.

¿Y cómo habría de darles crédito cuando han fallado en todo el país?

Obviamente, en en este asunto cada gobernador se rasca sus propias pulgas; y aquí en Tamaulipas el mandatario hace lo conducente para evitar una propagación incontrolable.

Por eso en Nuevo Laredo y Reynosa va con todo.

Es decir, emprendiendo las acciones que no han hecho sus alcaldes –Enrique Rivas Cuéllar y Maki Esther Ortiz Domínguez–, por ‘ocuparse’ más de la grilla político-electoral que en atender su responsabilidad. 

Lo mismo que en Tampico, donde Jesús Nader Nasrallah preside casi impávido el Ayuntamiento, ante la propagación del coronavirus.

Y no se diga acá en Victoria, cuyo alcalde inútil no es capaz de hacer nada por el municipio.

En cuanto a Matamoros el edil Mario Alberto López Hernández ya está prácticamente muerto en su ambición reeleccionista, al no saber qué hacer frente al Covid-19; como tampoco los munícipes de Ciudad Madero (Adrián Oseguera Kernion) y Río Bravo (Carlos Ulivarri López).

En fin, lo cierto es que la propagación del coronavirus, más que ser un asunto de estado, ha sido por la negligencia de los alcaldes para evitar con llamados convincentes que la comunidad salga a la calle.

Lo peor del caso es que varios de esos presidentes municipales le han fallado al Gobernador, al no ocuparse de vigilar las medidas recomendadas pese a que la campaña no les ha costado un centavo, fuera de los ‘apoyos’ (kits de higiene) y despensas ralas.

Y por eso dispuso que la Secretaría de Salud asuma la directriz con un programa emergente que de seguimiento puntual a los casos ambulatorios; a través de la COEPRIS vigile que los comercios no esenciales no ofrezcan su servicio (entre ellos los ambulantes) antes del día 11 de este mes; y que coloque filtros en las principales avenidas, los puentes y pasos peatonales.

Además queda suspendido el transporte público los días 4 y 5 del mes en curso; y los parques y jardines no tendrán alumbrado público esos días.

Son medidas que los alcaldes debieron tomar hace días, pero por su negligencia tuvo que entrarle al quite el Gobierno estatal.