POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO—
Una investigación por parte de este espacio de opinión, en torno al préstamo de 4 mil 600 millones de pesos, operado por el gobierno estatal panista, a través de su Poder Legislativo, arroja un escenario donde, tanto la federación, como la administración cabecista, no pueden aun cantar victoria, pues ambos se encuentran enfrascados en una guerra que se escenifica en dos vertientes: la primera de carácter técnico-jurídico, y la segunda de carácter político.
En el tema jurídico, el gobierno cabecista echó abajo ante los jueces federales de Victoria, Reynosa y Tampico, las demandas de amparo que habían sido formuladas por particulares.
En este capítulo preliminar, los titulares de los juzgados de la federación, no le otorgaron la suspensión a los quejosos. Sin embargo, esto ocasionó que, los presuntamente afectados presentaran ahora recursos de queja ante los tribunales colegiados, una situación que aun no se define, pero que según las fuentes consultadas, podrían volver a ser, como coloquialmente se dice, bateados de nuevo.
Hasta aquí, el capítulo de los jueces federales y de los amparos denegados a los particulares. Sin embargo, ahora, el round que están protagonizando la marca Tam y la 4T, es la que se refiere a la controversia constitucional, presuntamente promovida por el alcalde de Güemez, ante la Suprema Corte de Justicia, y de la cual, hasta ahora se sabe que, el máximo órgano de la justicia en México, no ha concedido la suspensión, pero sí le ha dado entrada a la demanda.
Este nuevo episodio, a decir de fuentes bien informadas en el Palacio del quince y dieciséis Juárez, no ha sido registrado oficialmente por el sexenio cabecista, ya que, en el bunker político de gobierno, no ha sido recibida ninguna notificación formal sobre este asunto.
De acuerdo a los expertos en el tema jurídico, al dar entrada a la controversia constitucional, en contra de los poderes tamaulipecos, lo primero que debe hacer la Suprema Corte, es notificar al gobierno del estado.
En el momento en que la Suprema Corte notifique, los funcionarios cabecistas contestarían la demanda, en los términos correspondientes.
Otro de los escenarios que se podrían presentar, sería que, el ministro de la SCJN, emitiese una suspensión, entonces el gobierno del estado, promovería un recurso de reclamación.
Ahora bien, en lo que se refiere a los plazos o al tiempo que legalmente tiene la Suprema Corte para notificar, se dice que este es bastante reducido.
Hasta aquí, los pormenores de lo que hasta ahora ha ocurrido, en el tema del tan llevado y traído préstamo de 4 mil 600 millones de pesos.
Los motivos que ambos actores de la controversia invocan, son los siguientes: para los panistas estatales, se trata de un acto de humanidad para proteger la salud de los tamaulipecos, contra la pandemia. Para los obradoristas, el préstamo estaría hipotecando el futuro de los ciudadanos y sus familias en la entidad.
————-SURGE UN NUEVO FRENTE, EN MATERIA DE ENERGIA ENTRE GOB TAM Y LA 4T————
Sumado al conflicto del préstamo de los 4 mil 600 millones, ahora el gobierno cabecista ha entrado en otro diferendo, igual o más fuerte, con el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nos referimos al tea de las llamadas energías limpias, y especialmente la energía eólica, en la cual el gobierno estatal tiene fuertes inversiones en diferentes regiones de Tamaulipas.
Recientemente el gobernador Cabeza de Vaca emitió un video, en el cual denuncia la intervención del gobierno federal, para frenar el desarrollo de las inversiones de este tipo en el estado.
En este escenario, también existe una polémica, pues para el sexenio estatal las energías limpias en la entidad, han beneficiado a la economía de las familias, o sea que han bajado el costo de la luz, sin embargo, a decir de amplios núcleos sociales en Tamaulipas, está sucediendo todo lo contrario, pues la Comisión Federal de Electricidad que preside el controvertido Manuel Bartlett, sigue arruinando la economía familiar de los tamaulipecos, con recibos exagerados, y a todas luces abusivos.
En este sentido, se debería aprovechar que ahora el tema energético esta sobre la mesa de los debates, para exigir que los inversionistas de las llamadas torres eólicas, firmen un convenio con la CFE, a fin de que se beneficie a miles de familias tamaulipecas, bajándoles los costos de la luz.
Pues la verdad es que hasta ahora, las ganancias de las empresas eólicas en Tamaulipas, benefician solamente a los grupos empresariales , de los cuales no se sabe absolutamente nada, pues existe una total opacidad sobre quienes son los que están atrás de estos grupos económicos, y sus socios.
O sea, si el gobierno del estado, quiere hacer las cosas bien, debería de informar a la ciudadanía y obligar a estos empresarios, a que aporten una parte de sus millonarias ganancias, para paliar la economía de los usuarios en el esado. Las familias tamaulipecas, no vive de discursos, sino de hechos, y es necesario que si están diciendo que la energía eólioca beneficia a los hogares de nuestro, estado, lo demuestren. Y que se refleje realmente en los bolsillos de las familias trabajadoras.
Por cierto, hablando de energía, en Tabasco, la tierra del Presidente AMLO, la CFE se porta muy condescendiente con los usuarios y hasta se les perdonan las deudas, pero aquí, a los tamaulipecos , nos tratan con la punta del pie.
En resumidas cuentas, en el tema de los costos de la energía, tanto el Gob Tam, como el obradorismo, le salen a deber a los tamaulipecos. Y esto desde luego, se reflejará en el 2021.
