Golpe a golpe
Juan Sánchez Mendoza
+ Resolución del Tribunal Electoral marcaría la desaparición del membrete
+ Regularización de autos ‘chocolate’ quedaría fuera de la Ley de Ingresos
+ Cambios y enroques en el gabinete vigorizarían proyecto gubernamental
Por Juan Sánchez-Mendoza
La anulación del proceso para renovar la dirigencia nacional de Morena, es quizá el principio de su fin como partido político. Sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador ya está decepcionado del canibalismo y codicia del poder, por el poder, que exhiben Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Bertha Elena Luján Uranga, Mario Delgado Carrillo y Ricardo Monreal Ávila, aunque éste a través de Alejandro Rojas Díaz Durán.
Ya en dos ocasiones ‘El Peje’ advirtió que renunciaría a su militancia y hasta sugirió cambiar el nombre del membrete –‘ante la falta de ideales y/o principios’–, por su oposición a ‘buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole’.
Hace cuatro días (precisamente el 30 de octubre), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó invalidar el proceso interno y por supuesto la ‘elección’ en los 300 congresos distritales por encontrar ahí hartas irregularidades.
La resolución la presenció Bertha Elena –acompañada de más/menos tres decenas de corifeos, pero esta vez no fue custodiada por el alcalde de Madero (Tamaulipas) Adrián Oseguera Kernion–, quien mostró colérica su desacuerdo con el dictamen y hasta amenazó a los magistrados con iniciar una investigación patrimonial (corrupción) en su contra, porque, según ella, ‘reciben ganancias por sus sentencias’.
Lo cierto es que el apoderamiento de Morena despierta apetito voraz y por eso, como lo ha sentenciado el jefe del Poder Ejecutivo Federal, podría desaparecer (como partido) del mapa nacional.
No obstante, al inventor de Morena aún le queda el recurso de simular la ‘unidad’ para sacar avante el relevo de Citlalli Ibáñez Camacho –nombre original de Yeidckol–, mediante encuesta, aunque al diputado ‘colimote’ (el ‘gentilicio’ que más agrada a los oriundos de Colima) le incomode la idea e intimide con retirarse ‘a causa de la corrupción que mancha el proceso’.
Más ahora, cuando está confrontándose ‘abiertamente’ con el senador Monreal –ambos presiden las juntas de Coordinación Política legislativas, y son militantes de Morena–, por el asunto de la regularización de vehículos.
¿Regularización por decreto?
El proyecto original de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020, no advierte la legalización de los automóviles llamados ‘chocolates’.
Sin embargo la Cámara de de Diputados, legalmente constituida como la Cámara de origen –para su estudio, análisis y adecuaciones–, incluyó al documento un artículo transitorio (el décimo quinto), para que por lo menos los aproximadamente 18 millones de automotores ilícitos que circulan en el país fueran regularizados.
El 20 de octubre próximo pasado, el vencerse el término constitucional remitió el proyecto a la Cámara revisora (Senado de la República), donde cuatro días después se rechazó la propuesta, reenviando el documento a la Cámara de origen, con el fin de que también desechara la inclusión del artículo transitorio.
No obstante, el miércoles 30 de octubre –en la víspera de vencerse el término constitucional para avalar la nueva Ley de Ingresos, que debía ser publicada a más tardar al día siguiente (día 31)–, la Cámara baja regresó a la alta el documento, insistiendo en que se incluyera el artículo transitorio.
Esto impidió cumplir en tiempo y forma la disposición legal, por lo cual será hasta mañana cuando el Senado dictamine al respeto antes de remitir el documento al Jefe del Ejecutivo Federal para su publicación, aunque sólo en cuanto al contenido aprobado por ambas cámaras.
Esto significa que la regularización de ‘chocolates’ quedaría en manos del Presidente de la República, quien podría autorizarla mediante decreto.
Y le explico el por qué:
El viernes 18 de octubre, el pleno de la Cámara baja aprobó la Ley de Ingresos –que envió al Senado dos días después–, contemplando ahí la propuesta del diputado Manuel López Castillo (también de Morena), para que en un plazo máximo de ocho meses, después de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos, el Congreso de la Unión realice adecuaciones a las leyes y ordenamientos aplicables para resolver la situación de los vehículos importados usados que hayan sido localizados en el país y no hayan cumplido las obligaciones de la Ley Aduanera.
En respuesta la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano (Campeche), también de Morena, propuso suprimir el artículo con el aval de casi todos sus compañeros de bancada, reenviando la corrección a la Cámara de origen; pero el miércoles 30 de octubre, la Cámara baja la regresó al Senado,reviviendo el artículo transitorio para que se legalicen los llamados autos ‘chocolate’, que había eliminado el Senado.
El pretexto de Mario Delgado fue: “Los estados de la frontera no han hecho absolutamente nada, al contrario han permitido la entrada de estos automóviles y tenemos una realidad. Hay estimaciones de que circulan en México entre 15 y 18 millones de automóviles”.
¿Acaso lo dijo por ignorar que los puentes fronterizos son controlados por la Federación?
No obstante agregó que son ilegales y de acuerdo con la ley deben de embargarse: “Son incluso un problema de seguridad porque no se tiene información de estos automóviles. Entonces qué decidió la Cámara, que se va a fijar un plazo de ocho meses para revisar este asunto. No se trata de regularizar, no se trata de legalizar, porque esto es contrabando, esto es violar el Estado de Derecho, pero sí tener una actuación en esta problemática, que es una problemática que se deja crecer y no se atiende”.
Ante el rechazo del Senado al artículo transitorio, acusó: “Monreal se rindió ante las presiones de la industria automotriz”.
Supuestamente con esa iniciativa se recaudarían 50 mil millones de pesos. “Pero es falso”, dice Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (Amda), “y se dejaría e cobrar IVA por 55 mil millones de pesos por la venta de autos nuevos; y 12 mil millones de pesos más que este año se esperan recaudar por concepto del Impuesto Sobre Autos Nuevos (Isan)”
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia), Eduardo Solís, por su parte propone darles facilidades administrativas a quienes tienen este tipo de vehículos ilegales para que puedan regularizarlos mediante kioscos donde puedan pagar los impuestos que debieron pagar en un principio. “No obstante, para aplicar esta propuesta, el Ejecutivo tendría que emitir un decreto para aplicar esa facilidad administrativa a través del Convenio de Coordinación Fiscal con los estados.
“Lo que no podemos aceptar y le pedimos ala Cámara de Senadores, es que desechen este artículo transitorio que nos llevaría a sentar un precedente de ilegalidad arbitral, mediante cambios en ley, incluyendo la Ley Aduanera, para hacer legales los autos ilegales”.
Como fuere, la reserva toca decidirla al Senado.
Y según observo, mañana la desechará nuevamente para dejar en manos del Presidente la opción de decretar o también rechazar la regularización.
Cambios en el gabinete
El libre arbitrio que tiene el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para nombrar a sus colaboradores más cercanos (en el gabinete del primer círculo y en el ampliado), no está en tela de discusión.
Y menos cuando el reacomodo se da al iniciarse la segunda mitad de su administración, a fin, así lo creo, de fortalecer su equipo de trabajo para redoblar esfuerzos en todas las áreas administrativas.
Como Usted seguramente ya lo sabe, recibieron nombramientos como secretarios Mario Gómez Monroy (Educación), Rómulo Garza Martínez (Bienestar Social), Jesús Alberto Salazar Anzaldúa (Administración), Miguel Ángel Villarreal Ongay (Trabajo) y Antonio de la Garza Yta (Pesca y Acuacultura).
A cargo de otras posiciones aparecen Francisco Elizondo Salazar (en la Subsecretaría de Planeación de la SET); William Knight Corripio, como subsecretario de Empleo y Previsión Social; Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde (director del Instituto de la Juventud); Humberto Zurita Eraña, en la Subsecretaría General de Gobierno; y Mario de Jesús Leal Rodríguez, en la Dirección General del Cobat.
El nuevo ejercicio administrativo de cada uno inició el viernes que nos antecede.
E-m@il
Caminante no hay camino
El martes próximo, el Senado de la República elegirá al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Y aunque la terna la integran José de Jesús Orozco Henríquez, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y María del Rosario Piedra Ibarra, advierto dados cargados a favor de la tercera.
Ya hubo dos rondas de votación y ninguno alcanzó mayoría calificada, pero la hija de María del Rosario Ibarra de la Garza (la recién galardonada con la medalla ‘Belisario Domínguez’ y Jesús Piedra Rosales (un militante del Partido Comunista de México), aparece como favorita.
La candidata a presidir la CNDH, igual está relacionada familiarmente con Germán Segovia Escobedo, quien el 8 de noviembre de 1972 dirigió el secuestro del vuelo 705 de Mexicana de Aviación, desviado a La Habana.
Y su hermano Jesús Piedra Ibarra, pertenecía a la ‘Liga Comunista 23 de Septiembre’.
¿Qué le parece?
Se hace camino al andar
La renuncia del gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), Humberto Calderón Zúñiga, en poco o nada resolvería la escasez del vital líquido en Victoria, pues se requieren miles de millones de pesos para sustituir la red de distribución que presenta años mayores.
De cualquier forma es justificable su dimisión, pues en tiempo y forma no fue capaz de explicar el problema real.
En cuanto a la dimisión de Jesús Rafael Mouret López, como director de Tránsito Municipal –que días más tarde manejó la alcaldía como ‘cese’–, hay un mar de conjeturas, pues jamás se le comprobó incurrir en ilícitos, como el acoso sexual, pero la acción servirá para saber de qué lado masca la iguana.
Cicuta
¿Qué tan cierto es que a Yahleel Abdala Carmona se le prohibió hasta que ingrese a su otrora oficina del Comité Directivo Estatal (CDE), para recoger pertenencias personales?
Y con respecto al nuevo delegado del CEN (Ricardo López Pescador), ¿cierto es que vino a Victoria a imponer nuevo dirigente estatal, dejando al margen recomendaciones de los grupos locales de interés?
