Por Fernando Acuña Piñeiro
Los súper delegados federales del gobierno obradorista, siguen en el ojo del huracán. Y conforme pase el tiempo mayores serán las presiones para evitar que todos estos potentados del asistencialismo se valgan de los programas sociales, instrumentados con dinero público, para promocionarse a cargos de elección popular.
La guerra apenas empieza, pero en las primeras semanas de éste 2020, ya se han reanudado los esfuerzos parlamentarios por ponerle freno de una vez por todas a lo que se considera una grave contradicción de la 4T: usar recursos del pueblo para ambiciones políticas personales.
Durante el 2019, la diputada del PRI Dulce María Sauri formuló una iniciativa de esta índole, en la cual proponía frenar el protagonismo desmedido de los titulares de los programas sociales en las entidades federativas, también conocidos como súper delegados, y que dependen del coordinador nacional de este ramo, Gabriel García, personaje que también está estrechamente ligado a MORENA.
El tema, considerado clave, para efectos de lograr credibilidad ciudadana y partidista, sobre las promesas de establecer un piso parejo, tanto en la contienda interna como ya en la lucha constitucional por el poder, hoy ha resucitado en voz de la diputada morenista por Colima Claudia Yáñez Centeno, hermana de César Yáñez, uno de los colaboradores más cercanos del presidente AMLO.
La mencionada iniciativa impulsada por la legisladora morenista, establece que en el caso de que los funcionarios integrados en la estructura de los programas sociales, que en los estados forman parte de los equipos comandados por los súper delegados, sean obligados a renunciar a sus cargos con anticipación, como medida para evitar que utilicen como trampolín político los programas sociales.
De aprobarse la iniciativa, entonces sí un súper delegado o miembro de este programa que quiera ser gobernador, tendría que separarse del cargo tres años antes. Y para ser diputado, senador o alcalde, un año antes.
El intento por cerrarle el paso a esta especie de Santa Claus asistencialista, que se da el lujo de recorrer sus territorios estatales, prodigando entregas de recursos, se inserta en la lógica de que actualmente muchos legisladores, que concluirán su periodo en el 2021, tienen legítimas aspiraciones a ser gobernadores, senadores o alcaldes en sus respectivas entidades, pero tienen en los súper delegados federales y sus equipos de operadores a los más fuertes contrincantes.
Y es que mientras que los legisladores no pueden bajar ni un peso del presupuesto hacia sus poblaciones, los súper delegados y sus equipos andan desatados, armando estructuras clientelares para sus fines personales.
Por ejemplo, aquí en Tamaulipas, la competencia de algunos legisladores morenistas con los subdelegados, que José Ramón Gómez Leal trae en las principales regiones del estado, es evidente.
Mientras que los representantes parlamentarios luchan contra corriente, los allegados del ‘JR’ cabalgan en caballo de hacienda, formando estructuras para postularse a las alcaldías.
A continuación les damos algunos ejemplos:
En Reynosa, los morenistas Armando Zertuche y Rigoberto Ramos tienen aspiraciones a cargos de elección popular en el 2021, pero la que trae los programas y se anda auto promocionando para la alcaldía, es la consentida del’ JR’, la subdelegada Claudia Vicente Crescenciano Cruz.
Esta dama es la que trae el costal de recursos asistenciales y emulando a su jefe ‘JR’ que se promueve con recursos federales a la gubernatura, ella también busca la alcaldía sirviéndose de la misma plataforma.
Otro ejemplo palpable es el de Tampico, donde diputadas como Olga Sosa y Edna Rivera buscarán ser candidatas por MORENA, pero la subdelegada de ‘JR’, Elizabeth Cruz, practica la competencia desleal y se le ve armando toda una estructura, que se sostiene sobre el clientelismo político de los programas federales. O sea, está utilizando los apoyos que se le brindan a las familias del puerto jaibo para canalizarlas a que apoyen su pretendida candidatura.
Por si estas pruebas fuesen insuficientes, tenemos el reciente caso de Nuevo Laredo, donde el ‘JR’ acaba de derrocar en los primeros días de enero a su archienemigo Heriberto Cantú Deandar, como subdelegado de los programas sociales en esa ciudad fronteriza, para encaramar en el mismo cargo a su alter egoGastón Herrera.
Gastón está haciendo justamente lo mismo que todos los del equipo de ‘JR’: aprovechar los recursos que manejan a través de los programas obradoristas, que aparentemente son sagrados y no deben servir como escalera política, y, sin embargo, de facto están convertidos en una súper plataforma para acaparar alcaldías y diputaciones federales.
La mecánica que está siguiendo la oficina que dirige, a nivel federal, el coordinador general de ‘Programas para el desarrollo en el país’, Gabriel García Hernández, tiene mucha similitud con el modus operandidel ex presidente Carlos Salinas de Gortari, que terminó por hacer gobernadores a todos los que pasaron por la titularidad de su programa de Solidaridad.
Aquí en Tamaulipas, el beneficiario fue Manuel Cavazos Lerma.
Cavazos llegó a Tamaulipas desde mediados del sexenio del ingeniero Américo Villarreal Guerra, montado en el programa Solidaridad.
MCL avasallaba, políticamente hablando.
Bajo dicho escenario cobran importancia los actuales intentos de algunos diputados federales por colocarle candados al vivero del poder político. Cultivan, día a día, desde las súper delegaciones, utilizando los miles de millones de pesos del erario público federal.
La pregunta es: ¿Lograrán frenarlos? ¿O finalmente la lógica del encumbramiento político patrimonialista y corrupto del salinismo volverá a imponerse, de manera cíclica y recurrente?
