Golpe a golpe
Por Juan Sánchez-Mendoza
La administración de los recursos económicos federales, según advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución exclusiva del presidente.
Y al menos hasta ahora no existe forma de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.
Por eso hay colaboradores de Andrés Manuel López Obrador que rehúsan compartir con los gobernadores la asignación del gasto social a fin de evitar que éste se realice equitativamente, para ellos manejarlos de manera centralista.
A ello obedece que en el Senado de la República, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en los partidos políticos, las Organizaciones No Gubernamentales (Ong’s), sindicatos y otras entidades de la sociedad civil, aparte de la Cámara de Diputados (federal, por supuesto), pudiera mantenerse firme la convicción de revisar el Pacto Federal, pues legalmente éste ya resulta atentatorio contra el porcentaje del pueblo que no simpatiza con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero sí tiene necesidad de esos recursos que les son conculcados.
Y más en estos momentos cuando la crisis económica azota a todo el país.
Dicho en otras palabras, hay una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna por parte de los secretarios federales, pues amparan malamente su proceder exclusivo y excluyente (en el manejo de los recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.
Hago esta reflexión por la necesidad que existe de revisar el marco jurídico, a fin de que los 32 estados de la República Mexicana, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.
Sobre todo en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación, ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues la Federación da en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.
En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis, fuera del reclamo social que existe ante la adversidad que sufren miles de compatriotas del noreste.
Sobre todo, cuando allá en Palacio Nacional malamente se interpreta el Pacto Federal.
