Convierte Garza de Coos en oficina recaudadora ala Dirección del Registro Civil

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Crecen las quejas contra ex legislador del PAN

Ramón Mendoza S.

La Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas acuso al ex legislador local panista Javier Garza de Coss de convertir la Dirección del Registro Civil en una oficina recaudadora de impuestos al aplicar nuevas disposiciones arancelarias por los trámites que ahí se realizan.

Las quejas en contra de esta oficina en esta capital van en aumento, esto debido a la mala atención que brinda el titular y el obligar a muchos ciudadanos a trasladarse a esta capital les cuestan -además de tiempo-, dinero a los ciudadanos encontrándose con nuevas prácticas para realizar sus trámites.

Arturo Javier López Córdova, Presidente del citado organismo colegiado, denunció que ahora exigen poderes certificados para la corrección de actas y otros tramites que representan un mayor gasto y afecta la movilidad de los solicitantes venidos de otras partes de la capital.

Dijo que, partir de este año y por disposición de Garza de Coos, se está requiriendo a todos los ciudadanos que para realizar alguna corrección en escritos o certificados aunque sea por una letra, el poder tiene que venir por un notario además del impuesto que esto representa.

«Nosotros reprobamos tal ordenamiento, ahora además de pagar el impuesto por dicho trámite, tenemos que llevar un poder notariado, y los que venimos de Nuevo Laredo o de otra parte de la frontera este trámite se dispara a los más de dos mil pesos a costa de la gente, no es justo», expuso.

Dijo que el ex legislador local panista, muy pronto se olvidó de la gente y ahora enfundado como Director del Registro Civil sea convertido en un recaudador del estado.

«Que pronto se le olvido a este ex diputado ver por la gente, ha convertido al Registro Civil como una oficina recaudadora de impuestos, en lugar de facilitar complica los tramites, antes con un poder común y sustentado con las debidas firmas e identificaciones bastaba, actualmente un notario para dar fe de este poder nos cobra dos mil pesos, solo imagínense lo que aumenta esta disposición», insistió.

Refirió que además de representar un abuso, está exigencia se encuentra fuera de la ley, ya que ningún reglamento o documento regulatorio establece la necesidad de que los poderes para realizar algún trámite en esta oficina en particular tengan que venir bajo la fe pública.

«Es una medida unilateral, radical y fuera de la ley», sentenció.

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