Managua.- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció hoy la impunidad del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, gracias a quien altos funcionarios responsables de la represión de abril de 2018 continúan al frente de diversas dependencias.
El posicionamiento de la ONG se dio en respaldo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra tres funcionarios de la policía nicaragüense, las cuales fueron anunciadas el 5 de marzo como consecuencia de graves violaciones a derechos humanos.
Además, el país norteamericano impuso restricciones a toda la dependencia policial mediante el congelamiento de sus bienes.
Según HRW, la organización solicitó en 2019 la imposición de sanciones a dos de los tres funcionarios afectados por EUA, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, a quienes se les vincula con actos de violencia y represión sobre los cuales se tiene evidencia.
A pesar de ello, estos servidores públicos siguen al frente de distintas dependencias nicaragüenses. Por un lado, Pérez Olivas dirige el centro de detención El Chipote, considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el lugar de abusos del gobierno de Daniel Ortega.
Por otro, Pastor Urbina es jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, quien participó en la represión en todo el país suscitada en abril de 2018, según informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2018.
HRW añadió que el tercer funcionario sancionado por EUA es Juan Valle Valle, jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, que ha “limitado de manera sistemática la libertad de circulación y expresión de los nicaragüenses que viven en Managua, Nicaragua”, según información del Departamento del Tesoro de EUA citada por la ONG.
“Las nuevas sanciones son un paso positivo, no solo para que los responsables rindan cuentas por sus actos, sino además para intentar disuadir futuros abusos”, destacó Human Rights Watch e hizo un llamado a la comunidad internacional a atender las constantes violaciones a derechos humanos en el territorio.
