La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ocho mil 273 recursos durante 2019 que no cumplían las características de relevancia para su admisión en las salas del máximo tribunal.
La SCJN abandonó también un criterio que mantenía desde hace 20 años y determinó que no proceden las controversias constitucionales en las que municipios y gobiernos estatales y federal reclaman el incumplimiento de convenios fiscales.
En el informe anual de labores del Tribunal de 2019, resaltó que el Pleno aprobó un criterio que reencauza la controversia constitucional como medio de control de normas y actos, para la preservación del régimen constitucional de competencias, la división de poderes y el federalismo.
“Revirtiendo un criterio de hace 20 años, se determinó que la materia de estudio en la controversia constitucional son las violaciones directas a la Constitución, lo que permitirá a la Corte centrar sus esfuerzos en la construcción de criterios relevantes para el orden jurídico nacional, que orienten a todos los operadores jurídicos y que hagan diferencia en la vida de las personas”, subrayó.
En esta misma línea, desde la Secretaría General de Acuerdos se implementó una política para consolidar al amparo directo en revisión como un verdadero recurso de constitucionalidad que permita a la Suprema Corte pronunciarse sobre asuntos novedosos y avanzar en la consolidación y protección de los derechos humanos.
En este sentido, cambió su política de admisión para que las Salas puedan enfocarse en los asuntos que son importantes y trascendentes, por lo que identificó ocho mil 273 recursos que no cumplían con esas características y que fueron desechados.
