En los bueyes de mi compadre

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Por José Inés Figueroa Vitela

 

La semana pasada, el dirigente estatal del comercio organizado, Julio Almanza Armas, mandó una propuesta a la Secretaría General de Gobierno y al Congreso local, para reformar el artículo mil 743 del Código Civil del Estado, de modo que eximiera del pago de renta a sus agremiados.

No pidió que les cancelaran el cobro de impuestos, ni el pago de servicios que presta el Estado, sino que les libraran de la responsabilidad del pago de renta por los inmuebles de otros particulares que ocupan sus negocios y domicilios familiares.

Ayer que hubo sesión plenaria en el Congreso local, no se dio entrada a la propuesta de ‘los canacos’; en su lugar, la diputada panista Sonia Mayorga López y la priista Olga garza, presentaron sendas iniciativas en nombre de sus respectivas bancadas, aludiendo a otros artículos del propio Código, pero con el mismo objetivo.

La panista propuso agregar dos párrafos al artículo 1167, para considerar ‘en caso fortuito, o de fuerza mayor’ las declaraciones de contingencia o emergencia sanitaria, para que los comerciantes no estén obligados a cumplir sus compromisos contractuales.

“Se trata de dar más certeza jurídica a los comerciantes sobre sus obligaciones civiles contractuales propias de su actividad. Reducir los estragos económicos causados por el coronavirus en el sector, dar mayores garantías de protección y certeza ante eventuales problemas que puedan afectar la economía y estabilidad emocional de los tamaulipecos”.

Así lo expuso la diputada, sin aclarar si ‘tamaulipecos’ no son los dueños de las propiedades a los que no estarán obligados a pagarles renta o cómo es que a ellos no les afecte el dejar de recibir esos ingresos, como para que les signifique un problema.

Con grandilocuencia, la priista Olga Garza dijo que fueron los ciudadanos de su distrito quienes le reclamaron que la propuesta de los comerciantes –de la que públicamente no se ha hablado por quienes la recibieron–, se hiciera extensiva a todos los ciudadanos y altisonante pidió a sus compañeros ‘ponerse de lado del pueblo’.

En su caso, es el artículo mil 737 del propio Código Civil el que se debe modificar, agregándole un bis, en el que se autorice modificar o suspender el pago de arrendamiento durante la emergencia sanitaria.

El artículo original señala que el arrendatario está obligado a: satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos; responder de los daños y perjuicios que el bien arrendado sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes, subarrendatarios o personas que lo visiten; servirse del bien solamente para el uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de él; y restituir el bien al terminar el contrato.

El artículo paralelo propuesto considera que todos los arrendadores, sean de establecimientos comerciales o habitacionales, puedan, durante la contingencia, dejar de pagar la renta o hacerlo de manera parcial, acordando con los propietarios el pago posterior, con facilidades.

“Los que arrendaron locales comerciales tuvieron que cerrar sus puertas y se les pide solidaridad para no despedir a empleados, además de mantener salario de empleados, deben cubrir cargas fiscales y arrendamientos”, justificó la priista.

“¡Pues que no paguen las rentas para que se alivianen!”, fue el planteamiento.

El artículo 1743, que planteaban reformar los de la FECANACO, señala que “Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso del bien arrendado, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más de dos meses, podrá pedir la rescisión del contrato”.

Esos pedían que se considerara ‘fortuito’ y ‘fuerza mayor’ la pandemia del coronavirus y se eliminara el límite de dos meses, con la posibilidad de recisión contractual.

Visto está, los comerciantes, los diputados priistas y los panistas piensan los mismo… ¿qué pensará el Gobierno?

En la plenaria de ayer, el diputado presidente, Gerardo Peña Flores, presentó otra iniciativa de decreto para sancionar de manera drástica las conductas violentas en contra del personal de salud, que está en el primer frente de batalla contra la pandemia del coronavirus.

El personal médico es el responsable de brindar la atención a las personas que han sido víctimas de agresiones y actos de discriminación por su función. Aunque aquí se han dado pocos casos, es necesario prevenir e inhibir esas conductas, justificó el promovente.

La morenista Carmen Lilia Cantúrosas también propuso dar un sobresueldo al personal médico encargado de atender a los pacientes de coronavirus, dijo, con un fondo que se haga a partir de un plan de austeridad, aunque tal iniciativa ya está en curso, a instancias del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con donaciones de su sueldo, el de sus colaboradores y a lo que se ha invitado a participar incluso a los empresarios.

La coordinadora de la bancada morena, Edna Rivera López, aparte propuso penalizar el contagio deliberado que pudieran propiciar pacientes del coronavirus, con multas y cárcel, luego que actualmente la ley sólo considera en ese sentido contagios por enfermedades de transmisión sexual.

Otra iniciativa morenista propuso un exhorto al Gobierno estatal para que se desista de ejercer el financiamiento autorizado por el propio Congreso hasta por 4 mil 600 millones de pesos para realizar acciones de apoyo al combate de la pandemia y contracíclicas a la crisis económica que le acompaña.

En las vísperas, las dos fracciones de la fracción morenista del Congreso local se juntaron en México capital con legisladores federales y cuadros nacionales de su partido, para armar una controversia constitucional contra el crédito, pero no lograron ponerse de acuerdo.

En el punto de asunto generales, empezaron bien, reconociendo que el fenómeno de la pandemia ha permitido revalorar al magisterio y entender que sin educación no hay futuro, por lo que todos los diputados les brindaron un sonoro aplauso de aprecio a los maestros tamaulipecos.

Luego la cosa se fue descomponiendo en la chunga de las descalificaciones al adversario y las loas a los propios, entre los partidos, a un ritmo que ha ido subiendo de tono, en el timbre y los adjetivos que ya alcanzan el nivel de gritos e insultos, echando por tierra el nivel de la legislatura.

Exhibiendo ignorancia respecto de su función, los diputados y abulia de los asistentes y asesores del Congreso, ayer no sólo se permitieron los ilegales diálogos personales entre los integrantes del pleno, sino que además el presidente de la mesa estuvo instruyendo que se abrieran los micrófonos de las curules, para que los diputados se dijeran entre sí lo que quisieran.

¡Y no hubo una moción que les recordara el protocolo de las sesiones!

Privó más la cordura del diputado morenista ‘Rigo’ Ramos Ordoñez, resistiéndose a responder a los insultos y agresiones que le profirieron variados diputados panistas, la más violenta por cierto, doña Juanita Sánchez, con acusaciones que podrán ruborizar a sus prójimos.

De esa escena no faltó quienes observaron que son muchos los diputados panistas interesados en la candidatura para suceder en el cargo a la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, mientras por el lado morenista solo hay una figura muy visible, al menos para sus pretendidos contrincantes de futuro.

Por cierto, en la misma sesión del Congreso local celebrada ayer, en el punto de correspondencia se dio entrada a dos misivas de un grupo de regidores del cabildo panista reynosense.

Una, pidiendo la intervención del Congreso para que ordene la cancelación de las ‘sesiones virtuales’ que se vienen haciendo desde hace tres semanas y la otra, pidiendo la destitución del secretario del Ayuntamiento Roberto Carlos Rodríguez Romero.

Las misivas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Asuntos Municipales.

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