Por: Alejandro Govea Torres.

 

El presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar reveló que no hay orden de aprehensión y que sigue teniendo fuero el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuya declaración generó fuertes críticas en contra de él, incluso varios senadores que comanda Ricardo Monreal Ávila exigen que sea destituido porque se fortalece la idea de que se trata de una venganza política auspiciada desde Palacio Nacional.

Y más cuando el legislador morenista afirmó que “no puede prestarse a una situación política electoral”, en clara referencia de que se trata de una embestida por la actual contienda, en donde se juegan casi 3 mil 500 cargos, entre ellos 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 3 mil 772 alcaldías, congresos locales.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, salió en su defensa y aseveró que sería un grave error atacar a Ramírez Aguilar, por dar una opinión institucional sobre el fuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

La revelación del todavía presidente de la mesa directiva del Senado nos hace recordar que los morenistas están acostumbrados a mentir para tratar de manipular la opinión pública, como cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Manuel Bartlett Díaz, falsificó un oficio de Protección Civil de Tamaulipas para tratar de justificar el mega apagón registrado el 28 de diciembre pasado y que afecto a más de 10.3 millones de usuarios de 12 estados.

Como se recordará, la CFE emitió un oficio apócrifo de Protección Civil de Tamaulipas señalando que la causa del mega apagón había sido por un incendio de pastizales que había dañado a dos líneas de transmisión localizadas en la zona del municipio de Padilla, sin embargo, dicha información fue falsa y luego de ser descubierto el pretendido engaño se presentó una queja formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), que hasta la fecha vive “el sueño de los justos”.

No se debe descarta la posibilidad de que la orden de aprehensión en contra del mandatario estatal, supuestamente expedida por el Juez Federal Iván Aarón Zeferín Hernández del Estado de México, sea un nuevo ardid para distraer la atención de la opinión a escasas dos semanas de que sean las elecciones del próximo 6 de junio.

Es por eso, que la sociedad tamaulipeca se pregunta: ¿Hay o no orden de aprehensión en contra del gobernador García Cabeza de Vaca?

A propósito, el exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y profesor emérito de la UNAM, Sergio García Ramírez, publicó un artículo titulado “El desafuero del gobernador”, en donde hace una enérgica defensa de la constitución que en varias ocasiones se ha visto vulnerada, pero nunca como ahora.

En uno de sus párrafos, García Ramírez señala que “la responsabilidad penal es asunto de las autoridades de este ramo y los desencuentros políticos son expresión del clima que prevalece y de la vocación incendiaria de quien conduce la nave de la República. Guardo distancia de unos y otros, pero no de la Constitución y del Estado de Derecho”.

Y explica la trascendencia del artículo 111 de la constitución, ya que la Cámara de Diputados tiene la atribución de realizar la declaración de procedencia del desafuero, pero también indica claramente que el Congreso Local tiene la facultad de aceptar o no la resolución, por lo que la discrepancia que existe en la actualidad está dentro de la norma.

Además, García Ramírez reveló que la reforma al artículo 111 constitucional fue promovido por el presidente de la república el 3 de diciembre de 1982, es decir por Miguel de la Madrid Hurtado (QEPD), pero que en la iniciativa presidencial no figuraba el párrafo de la intervención decisiva de la Legislatura Local.

Y señala: “Ésta fue agregada en el Senado”, es decir la intervención decisiva del Congreso Local fue hecha por los integrantes del Senado de aquella época.

“La adición obedeció, explícitamente, a la necesidad de preservar la soberanía de los Estados en lo relativo al ejercicio de sus mandatarios, que no pueden ser removidos por la Cámara de Diputados”, agregó el distinguido jurisconsulto y también expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por otra parte, resulta preocupante el clima de violencia que enfrentan las candidatas y los candidatos en todo el país, ya que a diario se registran atentados, secuestros y asesinatos de quienes luchan por un cargo de elección popular que estarán en juego el próximo domingo 6 de junio.

Desafortunadamente, Tamaulipas no es la excepción y varias candidatas han denunciado que recibieron amenazas por parte del crimen organizado, como es el caso de América Sandoval Morales, candidata del MC a la alcaldía de Tampico, así como también la candidata independiente a la alcaldía de Llera, Elisa Patricia Quintanilla Arcos.

El Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos, ordenó que le fuera proporcionado un equipo de seguridad de Sandoval Morales, sin embargo, luego fue retirado sin mayor explicación y ahora la dirigencia municipal del MC en Tampico temé por la vida de ella.

En el caso de la señora Quintanilla Arcos, esposa del actual alcalde de Llera, Héctor de la Torre Valenzuela, se espera que las autoridades estatales actúen de inmediato para evitar hechos de sangre que empañen más el panorama político que se vive en la entidad.

Correo electrónico: jagovea_53@yahoo.com

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