Por Sánchez-Mendoza

 

Tomando en consideración que al Instituto Nacional Electoral (INE) no se le asignaron, para el ejercicio 2020, los 12 mil 493 millones 356 mil 325 pesos que solicitó en su anteproyecto presupuestal, sino un 9 % menos (mil 71.5), lo más seguro es que los organismos estatales tampoco logren las partidas pretendidas para un año en que no habrá procesos electorales.

Cierto es que al iniciar el cuarto trimestre del 2020 deben instalarse los procesos del 2021 –3 mil 495 posiciones de representación popular estarán en juego–, pero durante los anteriores nueve meses, prácticamente, estará paralizada toda actividad en esos organismos.

¡Ah!, pero eso sí, cobrando los consejeros jugosos dividendos.

En el ámbito nacional, hasta 236 mil 370 pesos mensuales (obvio, más prestaciones); y en lo estatal, alrededor de 106 mil pesos con prerrogativas similares: derecho a seguro de vida, indemnización por fallecimiento –cuya equivalencia es de cuatro meses de salario–, gastos alimentarios, vehículo y combustible, teléfono celular y otros.

Hace un año (más/menos), el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, protestó (como ahora) por la reducción al presupuesto y, sobre todo, por la recomendación de Andrés Manuel López Obrador de que habría que reducirse el salario de los jerarcas burocráticos, a fin de evitar el abuso.

De ahí nació la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.

Ésta que dispone, entre otras cosas, que nadie puede percibir salarios superiores al del Presidente de la República.

Para el ejercicio 2020 será de 111 mil 900 pesos, según se advierte en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde luego eso le irrita a los consejeros del INE, advirtiendo que para el ejercicio siguiente habrán de sacrificar proyectos de organización –¡Bah, como si alguien les creyera–, la actualización de sistemas computacionales (para la compulsa de electores y el conteo de votos) y capacitación, siendo que todos los procesos han sido fuertemente impugnados, precisamente, al detectarse incapacidad de las autoridades electorales para atender el tema para el cual fueron contratados.

En la víspera, por ejemplo, la consejera que provisionalmente atiende la presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) –María de los Ángeles Quintero Rentería–, reconoció que el proyecto de presupuesto del 2020 fue diseñado en agosto de este año: 298 millones 318 mil 609 pesos.

Una cifra que en nada se compara con los más de 500 que le fueron asignados para el ejercicio actual (más de 500 mdp), pero también, dijo, se espera un recorte.

¿De cuánto?

Es la pregunta.

 

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