The Mexican National Guard patrols an encampment where asylum seekers live as their tents are relocated from the plaza to near the banks of the Rio Grande in Matamoros, Mexico December 7, 2019. Many asylum seekers say they are worried about the mud when it rains whereas others worry about not being allowed to go out at any time if they decide to move under the covered facilities. Picture taken December 7, 2019. REUTERS/Veronica G. Cardenas

Por Juan Sánchez-Mendoza

 

Las tareas de seguridad pública en todo el país, según el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, son, desde hoy, ‘responsabilidad’ de la Guardia Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas, por lo que las corporaciones policiacas estatales y municipales tendrán que sujetarse a la instrucción de ésta, a menos hasta el 2024, aunque sus funciones sean, de acuerdo al ordenamiento presidencial, extraordinarias.

Esto significa una militarización.

Igual el fracaso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo Montaño; y de la misma Guardia Nacional –que, actualmente, comanda el Genera Luis Rodríguez Bucio–, pues se ‘suponía’ que al entrar ésta en operación se diezmaría a los grupos delincuenciales y se reestablecería la seguridad pública en México por incorporar en sus filas a efectivos federales, militares y marinos bajo un mandato civil coordinando acciones con los gobernadores estatales.

Sin embargo, el decreto presidencial dispone que las fuerzas armadas, a partir de este día, sean quienes patrullen y vigilen calles y avenidas, igual que a la sociedad, en su conjunto, mientras que la Secretaría de Seguridad capacita a sus elementos para accionar territorialmente.

Esta disposición, por supuesto, desagrada a los mandatarios estatales por prever que se trata del inicio de una movilización castrense, atentatoria, a todas luces, contra la soberanía de las entidades en su forma y acciones de Gobierno.

Hace un año (más/menos), cuando aún era gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas (‘Alito’), advirtió que la Guardia Nacional, “bajo ninguna circunstancia debía ser clonada con las fuerzas armadas porque al hacerlo se conduciría a la militarización del país”.

Sugirió entonces formar policías, capacitarlos, ‘se llevan años, hay que tener claros los controles de confianza’, afirmó, en reunión de la CONAGO.

Y el tiempo le ha dado la razón (aclaro: no es santo de mi devoción).

Los mandatarios ahí reunidos, en aquél encuentro, coincidieron con él, seguramente, pero quizá desestimaron la advertencia, hasta que hoy están en riesgo de perder hasta la forma de garantizar seguridad con los cuerpos policiales estatales y municipales.

En la víspera, se dejaron escuchar expresiones de inconformidad, ante el decreto, pero ciertamente la disposición es irreversible.

Lo que sigue es la militarización de México, so pretexto de que sean las fuerzas armadas quienes lleven a cabo las tareas de seguridad pública del país durante cinco años.

Así lo establece el decreto de Andrés Manuel López Obrador.

Reproduzco sólo sus puntos esenciales:

Primero: Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen…

Tercero: En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.

Cuarto: Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional.

Quinto: Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.

¿Entonces dónde queda la autonomía de los estados?

Es simple pregunta.

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