Por Juan Sánchez-Mendoza

 

Era de esperarse el fracaso de la ‘Ley Bonilla’.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) simplemente acató la disposición jurídica.

Y echó por tierra la ambición política del mandatario bajacaliforniano.

Él fue electo para cumplir un período gubernamental de dos años –sin derecho a reelección–, acorde al marco legal electoral del estado. Pero se quiso pasar de listo al promover con la connivencia del Congreso estatal la ampliación de su período, hasta por cinco años.

Cierto es que en Tijuana (su tierra natal) goza de muchos adeptos. No así en los otros cuatro municipios del estado: Mexicali (la capital), Rosarito, Ensenada y Tecate.

En la comarca sureña californiana (Estados Unidos), el ingeniero igual cuenta con gran cantidad de amigos.

También en el norte, centro y sur de México.

Se le quiere y se le admira por ser producto del esfuerzo –como lo fue su amigo Luis Donaldo Colosio–, hasta el grado de apoyarlo la sociedad, y sus amigos, con miles de votos en su incursión en política.

Ha sido diputado, senador y hoy mandatario estatal.

Él sabía que al jugar por la gubernatura de dos años no tendría mayor posibilidad de extender su mandato en caso de ganar, como fue, pero toda vez que alcanzó el triunfo alguno de sus asesores lo ‘convenció’ de ajustar el marco jurídico para extender su período a cinco años, lo que no lo exime de responsabilidad.

Hace días al catearse el domicilio de su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid –acusado de corrupción por Jaime Bonilla–, encontraron más de 150 millones de dólares en efectivo, y en tierra ‘cachanilla’ han caído otros ‘pájaros de cuenta’ –igual perseguidos por el mandatario estatal– pero eso no le da patente de Corzo a al Gobernador para violentar la ley electoral.

Ciertamente es un mandatario que se preocupa por su estado. Dinero, no le falta; poder político, tampoco… pero la ley es la ley.

Y ni modo, su período constitucional (como Gobernador) se acabará el año próximo.

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