Por Juan Sánchez-Mendoza

 

No creo que ningún funcionario público del Gobierno federal con niveles de subdirector o director de área esté dispuesto a, ‘voluntariamente’, renunciar al 25 por ciento de su salario –aunque sea de manera progresiva–, pero en caso de oponerse a la disposición presidencial lo más seguro es que ‘firme’ prácticamente su separación del cargo. Así que tendrán que someterse a la voluntad del mentado ‘Peje’.

Por si fuera poco, el pasado jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del tabasqueño, avisando que los altos funcionarios públicos –entre ellos los subdirectores y directores de área–, no tendrán en diciembre próximo aguinaldo ni ninguna otra prestación de fin de año. 

Esto es ilegal, ya que la Ley Federal del Trabajo dispone claramente el pago del aguinaldo como obligatorio (para todos los trabajadores al servicio del Estado) y la cantidad mínima es de 40 días de salario, sin deducciones.

No obstante, so pretexto de la austeridad republicana ante la epidemia del coronavirus, Andrés Manuel López Obrador atropella los derechos de la burocracia, por una parte, y, por otra, les ‘recomienda’ a los empresarios no despedir trabajadores y cubrirles sueldos durante la emergencia sanitaria –eso lo contempla la misma legislación laboral–, pero sin motivación alguna.

¡Vamos!, ni siquiera con la ampliación de plazos para que cumplan sus obligaciones fiscales. Y menos con las propuestas de auxilio financiero que ellos junto a un grupo de gobernadores le han hecho, para hacer frente a la crisis derivada de la emergencia sanitaria.

Ah pero eso sí arguye el Presidente, con los 3 millones de créditos y la creación de 2 millones de empleos (¿dónde? ¿cuándo?) se protegerá al 70 por ciento de las familias mexicanas (durante la tercera fase de la epidemia del coronavirus); además anuncia la desaparición de 10 subsecretarías, sin precisar cuáles.

Sin embargo, ninguno de los programas sociales ni los asistenciales, emprendidos por su régimen, sufrirán mengua alguna, por lo que seguirán, como los apoyos a los ‘ninis’.

Aquí vale la pena aclarar que los beneficiarios de esos programas son sólo sus panegiristas y desde hace tiempo aparecen en los padrones.

Se lo comento porque si usted quiere darse de alta, ya no hay cupo.

En fin, el decreto es harto cuestionable, como usted mismo apreciará.

He aquí los puntos más sobresalientes:

I. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal.

(¿Entonces por qué anuncia la creación de 2 millones de empleos?)

II. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros –incluye a lo supuestamente comprometido–; y ce cancelan diez subsecretarías garantizando el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán los cargos.

(O sea, ¿con una reducción salarial del 25 por ciento?)

III. Se extenderá hasta el 1º de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus.

IV. Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo. En este periodo, se hará una reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.

(Es un proyecto de campaña)

V. Se posponen las acciones y el gasto del Gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios (para él): Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores; Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad; Sembrando vida; Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras; Becas para el bienestar ‘Benito Juárez’; Construcción de 100 universidades públicas; La escuela es nuestra; Jóvenes construyendo el futuro; Tandas para el bienestar; Banco del bienestar; Atención médica y medicamentos gratuitos; Producción para el bienestar; Precios de garantía; Distribución de fertilizantes; Apoyo a los pescadores; Guardia Nacional; Aeropuerto General ‘Felipe Ángeles’; Producción petrolera; Rehabilitación de las seis refinerías; Construcción de la refinería de Dos Bocas; Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas; Mantenimiento y conservación de carreteras; Caminos de mano de obra; Caminos rurales; Carreteras en construcción; Sistema aeroportuario de la Ciudad de México; Tren Interurbano México-Toluca; Terminación de presas y canales; Parque ecológico Lago de Texcoco; Programa de mejoramiento urbano; Programa nacional de reconstrucción; Tren Maya; Tren de Guadalajara; Internet para todos; Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; Zona libre de la frontera norte; Espacio cultural de Los Pinos y bosque de Chapultepec; y Defensa de los derechos humanos.

VI. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo.

VII. Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

VII. Se aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa.

IX. La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos;

X. Todo ello, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país.

(La caída del precio de combustibles es global)

XI. Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

¡Uf!

¿Por qué en lugar de privilegiar políticas populistas no le destina más recursos a los estados que son los que padecen la pandemia directamente?

A ver, por ejemplo:

1) ¿De qué sirve invertir en la industria petrolera que prácticamente está quebrada, cuando lo más importante es la salud?

2) ¿En qué beneficia a los estados del centro y norte del país el Tren Maya?

3) ¿Por qué seguir sosteniendo a los jóvenes que no estudian ni trabajan en una emergencia donde quienes sí estudian (en línea) y trabajan arriesgando su salud enfrentan la pandemia?