Por Juan Sánchez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamps. – La etapa de inscripciones para el ciclo escolar 2024-2025, iniciada en los primeros días del mes que cursamos, ha despertado un claro entusiasmo entre los miles de padres de familia, cuyos hijos por primera vez pisan un aula (como es el caso de los alumnos de preprimaria y primaria), pero no para millones de tutores que obligados están a desembolsar importantes sumas de dinero exigidas por algunos directivos de educación básica, con el rollo de que sólo cubriendo la ‘cuota voluntaria’ es posible garantizar la inscripción de sus retoños para acceder al nivel inmediato o proseguir su enseñanza.
Se lo comento porque, hasta hoy incluso, no sé de institución alguna donde se haya atendido puntualmente lo plasmado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –en cuanto a las instituciones públicas–, de brindar un servicio gratuito y laico.
Y sí, por el contrario, sé de casos en que los mentores medran tanto con la admisión de educandos y la adquisición de materiales y de uniformes como acostumbran hacerlo dentro el sistema educativo –que generosamente les paga por ejercer un servicio, aunque regularmente mediocre–, en claro detrimento del avance en esta materia.
La reglamentación oficial advierte que la enseñanza debe desligarse completamente de toda transacción comercial.
Sin embargo, fuera de toda institución privada –donde sí se contrata este servicio y quienes lo hacen saben perfectamente a qué se atienen porque están en manos de la usura–, en el sector público se da el caso de que hay directores de escuelas que suelen negarle la instrucción a quienes no pagan ‘las cuotas voluntarias’ o los ‘donativos’ que jamás registran las arcas gubernamentales.
Basta haber observado las largas filas que, desde la madrugada, por varios días, hicieron miles de paterfamilias reclamando un lugar para sus hijos –y las que aún se hacen en búsqueda de la matrícula–, para mejor entender la problemática.
Por si fuera poco, igual basta ir cualquier institución –al menos aquí en Tamaulipas–, para darnos cuenta del negocio que se hace con los uniformes y útiles escolares y preguntar dónde se maquilan y quiénes los venden, para mejor entender el por qué se obliga a los educandos a la adquisición de su vestimenta diaria y enseres en negocios determinados.
Sospecho, sin embargo, que en el caso de Tamaulipas la secretaria de ‘Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, no está en el ‘enjuague’, pero sí creo pertinente que ella se mantenga al cuidado de esta denuncia, pues a lo largo y ancho de toda la geografía estatal se registra el cobro indebido de cuotas escolares.
