Por José Inés Figueroa Vitela

 

La semana pasada, el senador de la República Américo Villarreal Anaya puso en marcha en Victoria capital lo que denominó la campaña ‘Corazón a corazón.

Fue en la clínica hospital del ISSSTE capitalina donde entregó cajas de guantes, cubrebocas y overoles de bioseguridad, así como cubetas de alcohol en gel, para la protección del personal médico y de apoyo a la contención de la pandemia en esa institución.

La acción de entrega de apoyos para la protección de los operadores de la campaña contra el coronavirus la repetiría ayer, en la Clínica 36 del IMSS en Matamoros, donde además repartiría despensas en populosos sectores, pero ya no pudo llegar.

En su lugar, pero representando al Ayuntamiento local como el autor de la jornada, fue la secretaria de Salud municipal, Nidia Maldonado Ruiz, quien llevó los insumos a la unidad de salud, pronunciando un discurso en nombre del alcalde Mario López.

Para las despensas ya no hubo necesidad de conseguir un suplente en el reparto, porque la Fiscalía General de Justicia del Estado las decomisó, con todo y los vehículos que las transportaban, deteniendo a los operadores.

Hasta el momento de redactar la presente no había una versión oficial, de la Procuraduría o del senador, pero es de suponerse que estarían remitiéndose al decreto por el que se acotó la circulación de vehículos y personas en la vía pública.

Si no aplicaba el ‘hoy no circula’, contaría la falta de cubrebocas, lo de ‘actividades no esenciales’ o la sospecha de que a la hora de repartir los apoyos se fuera a dar en la vía pública, hubiera concentración de personas y no portaran cubrebocas, guantes, gel antibacterial o no se fueran a lavar las manos después.

El hecho es que el fiscal –que no depende el Ejecutivo de acuerdo a la ley que le dio vigencia, es autónomo, pues–, encontró uno o más motivos para impedir que las despensas llegaran a su pretendido destino.

Cada quien tiene su forma de matar las pulgas.

En el Congreso Local se cancelaron las actividades legislativas de esta semana por el repunte en los contagios del coronavirus y en la Cámara federal, ascendieron al tamaulipeco Erasmo González Robledo a la presidencia de la influyente Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, entre cuestionamientos y suspicacias.

No faltaron quienes quisieron darle curso a la interrogante por el lado partidista, luego que la Comisión Permanecía la declaró acéfala, en espera del regreso de su titular, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien pidió licencia para irse a ocupar la dirigencia nacional de MORENA, por un periodo interino que amenaza con prolongarse.

Pero la versión más insistente es que el liderazgo en la Cámara imperaba por un operador efectivo en esa área, frente al inminente desahogo de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.

Al margen de la sorpresa por el nombramiento, que algunos, pensando en las viejas formas de hacer política, calificaron de albazo, la promoción de marras llegó en medio de la polémica, entre fracciones opositoras, aclamando intentos de desvíos de recursos y visos de autoritarismo presidencial.

En las expresiones de los representantes del PRD y el PRI al recibirse la iniciativa, su aprobación significa la pérdida de los equilibrios y contrapesos entre poderes, al conceder manga ancha al Presidente para decidir a su albedrío el destino del presupuesto, con el pretexto de la pandemia.

De la parte institucional la propuesta legislativa, en los dichos de los actores de la cámara y los analistas es, recordando cómo en el pasado, los gobiernos de esos y otros partidos, en los tres órdenes de gobierno, han alterado los presupuestos autorizados, y sin una justificación valedera.

Aquí y ahora, en la última autorización del Congreso local respecto del presupuesto que se ejerce, se acuñó la definición del ‘presupuesto de resultados’, para atajar las interrogantes sobre el paquete fiscal, entendido aquél como que, a cómo se presentan las necesidades, lo que aprueba el Legislativo, lo modifica el Ejecutivo, sobre la marcha.

Ahora no estaríamos en las polémicas sobre el crédito de 4 mil 600 millones de pesos, aprobados por el Congreso para que el Gobierno invierta en acciones de apoyo y contra cíclicas económicas para afrontar los saldos de la pandemia.

Si el paquete fiscal para este año no se hubiera modificado, en cuanto a que establecía que el Gobierno podría contratar los créditos que se hicieran necesarios para completar sus necesidades presupuestales, sin aval adicional del Congreso.

Pero ese es harina de otro costal.

El hecho es que el liderazgo político radicado en la cámara, con el beneplácito de quien manda en Palacio Nacional, encontró en el legislador tamaulipeco los tamaños para brindarle la confianza de presidir la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Erasmo González Robledo debuta con un tema espinoso en tiempos políticos por antonomasia, en los que, sin detrimento del peso de la mayoría ejercida por su partido en la Cámara, los cabildeos y trato mediático, serán fundamentales.

El tiempo y el espacio son dinámicos y ponen a cada quien en su lugar.

¿Quién se iba a imaginar que ese discreto, cuasi tímido debutante en el servicio público como secretario del Ayuntamiento de Victoria, llamado José Luis Liceaga de León, traía ‘cola’ de ‘gandaya’ e iba a reivindicarla en plena jornada, cuando cree que ya adquirió tamaños para escalar en el andamiaje del poder?

El ‘enemigo’ de antes –será otra de las infidencias del expediente–, es el mismo que hoy aparece y amenaza con seguir ahí, en la otra esquina del cuadrilátero, en el hipotético futuro.

Fue en el 2 mil 15 cuando el abogado del Ayuntamiento a partir del 2 mil 18, se dio cuenta que un producto en la tienda local de Liverpool estaba mal etiquetado en su precio, dedicándose a recorrer el establecimiento, para ver cuántos más estaban en la misma condición.

Encontró sartenes, plasmas, computadoras y de todas hizo pedido ‘por docena’, exigiendo que se le cobrarán en pesos, lo que valía miles; es decir, quería comprar con menos de mil pesos lo que valía casi un millón y demandó por ello.

El juzgado le negó la razón, determinando que no sólo la tienda no debía darle lo que pedía, sino que además él debía cubrir los gastos y costas del juicio; recurrió al amparo y otras argucias legales, con las que sigue litigando, insistiendo en que ‘le regalen’ los tantos productos de su voracidad.

En fechas recientes, en el marco del Cabildo, el ‘Secretario gandaya’ ha protagonizado diferendo públicos con el primer Síndico, Luis Torre Aliyán, y no ha faltado quien ha remitido tales escenas a la pretendida intención de ambos por buscar la candidatura panista al relevo del alcalde Xicoténcatl González Uresti.

Sin detrimento de que tal nominación ya está pedida y dada, en la primicia de que ‘Xico’ ya no gana ni la elección de comisariado o la sociedad de padres del colegio, decíamos, el pleito de aquellos es vieja y de largo aliento.

Torre es el representante legal de la tienda departamental en el juicio que Liceaga le tiene enderezado.