Por Alejandro Govea Torres
Ni siquiera con el ejemplo que dio el Banco de México (Banxico) de reducir la tasa de interés interbancaria a 6.0% y la inyección de 750 mil millones de pesos para garantizar la liquidez del sistema bancario del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió una postura distinta y nuevamente repitió lo mismo que ha dicho siempre para tratar de frenar el deterioro de la economía.
En la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer 11 medidas de austeridad que había anunciado con anterioridad y que en forma aparente ya se habían aplicado, entre las que se encuentra la reducción de salarios de los altos mandos y la eliminación de aguinaldos en perjuicio de los derechos laborales de sus colaboradores.
De nueva cuenta dice que desaparecerán 10 subsecretarías, pero asegura que no despedirá a ningún trabajador, cuya contradicción pone en duda de que efectivamente reduzca el aparato burocrático, sobre todo cuando afirma que se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán, supuestamente, dichos cargos en la administración federal.
También resulta contradictorio que mande a cerrar la mitad de las oficinas públicas supuestamente para evitar el contagio entre los empleados, quienes corren el peligro de no tener su lugar de trabajo cuando se reanuden las actividades laborales porque anunció que se dejarán de rentar edificios, vehículos, bodegas, entre otros para tener ahorros.
Asimismo, López Obrador anunció que ninguno de sus programas sociales se suspenderá, es decir continuará la entrega de pensiones a los adultos mayores, becas para el bienestar, la construcción de 100 universidades públicas, los apoyos para hijos de madres trabajadoras, entre otros, pero no dijo nada acerca de otorgar incentivos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas que corren el peligro de cerrar sus puertas ante la falta del apoyo gubernamental.
A propósito, el diputado federal Edelmiro Santiago Santos Díaz de MORENA causó una fuerte polémica en el ámbito político y financiero luego de que presentó una iniciativa para que el Banco del Bienestar maneje 60 millones de cuentas de trabajadores que están en las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), cuya propuesta de inmediato fue rechazada por el mismo coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado Carrillo.
Santiago Santos Díaz pretendía cambiar el artículo 3° de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para que sea el Banco del Bienestar, que dirige el morelense Rabindranath Salazar Solorio, no sólo para que maneje las cuentas de los trabajadores, sino también para que desaparezcan las 10 Afores privadas que han logrado tener un fondo calculado en tres billones de pesos.
Las protestas no se hicieron esperar y de inmediato varios legisladores del PAN y del PRI señalaron el impacto negativo que causaría si procedía la iniciativa del diputado Santiago Santos Díaz, sobre todo cuando el Banco Bienestar no ha logrado la entrega total y absoluta de los apoyos de los programas sociales de la administración de López Obrador.
La mayoría de los beneficiados todavía acuden a las sucursales del Banco Azteca, que se encuentran dentro de las tiendas de Elektra, cuyo dueño es el magnate Ricardo Salinas Pliego, quien tiene una estrecha relación con el político tabasqueño a pesar de las diferencias que han tenido luego de que no quiere pagar los 14 mil millones de pesos que debe de impuestos.
De regreso con las 11 medidas de austeridad que aplicará el presidente López Obrador, resulta contradictorio que mantenga todas las obras en marcha ante la falta de recursos públicos, luego de que los ingresos fiscales han bajado notablemente y los pocos que hay no se utilicen en proteger a las empresas que han agotado sus ahorros luego de que cerraron sus puertas en respuesta a las indicaciones preventivas por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Obras como la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el Parque Ecológico de Texcoco, el Tren Maya, el aeropuerto internacional ‘General Felipe Ángeles’, entre otras, podrían ser suspendidas en forma temporal para canalizar los recursos públicos no sólo para la compra de equipos e implementos médicos, sino también para en salvar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa privada le ha hecho dos propuestas para tratar de paliar la crisis económica que se avecina por el impacto del coronavirus, pero López Obrador no las ha tomado en cuenta y vuelve con el mismo argumento de que las soluciones neoliberales se quedaron atrás y ahora se logrará salir adelante con rebajar los sueldos de los altos funcionarios y con una mayor austeridad.
Es por eso, que ni cómo ayudarlo cuando se empeña en una política que causó una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.1% en 2019 y el pronóstico para este año no es nada halagüeño luego de que varias calificadoras calculan que la economía mexicana tendrá un retroceso de entre 6% y 9%.
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