Por Fernando Acuña Piñeiro
Una guerra constitucional, de poder a poder, se está librando por estos días entre el Gobierno federal y el estatal, en lo relacionado con el préstamo que la mayoría panista del Congreso tamaulipeco aprobase en días pasados, haciendo uso de su soberanía y de las facultades que las leyes de la entidad le otorgan.
Para quienes no saben cuál es el estado que guarda el famoso empréstito solicitado por el sexenio cabecista, le diremos que se encuentra en manos de la máxima instancia legal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo ello después de que el Ayuntamiento de Güémez recurrió a una controversia constitucional que, de acuerdo a los documentos que circulan por la red, se asienta en el expediente 75/2020.
Un extracto del acuerdo del Poder Judicial Federal, relacionado con este asunto, dice lo siguiente:
“Con el escrito de demanda y anexo, tómese y regístrese el expediente relativo a la controversia constitucional, que hace valer quien se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Güémez, Tamaulipas, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad.
“Túrnese este expediente al Ministro que corresponde, para que instruya al procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, de este alto Tribunal.
“Finalmente, dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran, para llevar a cabo las notificaciones de éste proveído”.
El documento que les comparto, vía esta colaboración, es reciente, pues tiene como fecha el pasado 18 de mayo de este año.
Ésta es la parte técnica del asunto, pero les explico a detalle los pormenores del tema político, que es realmente lo que constituye el fondo de todos estos movimientos del ajedrez, entre dos liderazgos que surgieron de sendos procesos democráticos arrasadores e incuestionables: el del presidente AMLO y el del gobernador Cabeza de Vaca.
Resulta que la estrategia política de los obradoristas es la de mantener en litigio el préstamo solicitado por el Gobierno estatal. En materia jurídica se le llama ‘sub judice’, que es una locución latina para señalar aquellos asuntos pendientes de resolución judicial.
Esta naturaleza jurídica, en que se encuentra colocado el citado préstamo de 4 mil 600 millones de pesos, imposibilita legalmente a las instituciones de crédito y a la misma Secretaría de Hacienda, para otorgar el aval correspondiente. Por lo tanto para efectos prácticos, el préstamo instrumentado por el Gobierno del Estado sigue sin hacerse efectivo. Prácticamente está en la congeladora.
El otro enfoque sobre este mismo tema, es el siguiente: Toda vez que el origen del préstamo es para atender la emergencia de la pandemia, se dice que muy probablemente los obradoristas buscarán que la Suprema Corte de Justicia mantenga guardadito este asunto, y posiblemente lo aguanten hasta que haya pasado la cresta de la pandemia. Superada la crisis, según los obradoristas, ya no tendrá razón de ser.
Y una tercera hipótesis es que, finalmente, el Poder Judicial de la Federación podría emitir un veredicto contrario al préstamo, pues el presidente AMLO y su grupo de poder piensan que de esta manera se estaría enviando un mensaje a otros gobiernos estatales que intentasen allegarse recursos económicos por la vía de los empréstitos.
Por lo pronto el tema del préstamo tamaulipeco se encuentra en el limbo, un latinismo que, de acuerdo a la religión cristiana, significa estar en el borde, pero también se le cita como un lugar donde las almas se encuentran suspendidas en un espacio indefinido.
En resumen, lo que está ocurriendo ahora entre el grupo que gobierna Tamaulipas y el grupo que ostenta el poder político de la Federación, es una guerra donde la gran maquinaria jurídica y las herramientas del poder político, del más alto nivel, se encuentran en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nuestra conclusión es la siguiente: Sin demeritar las causas humanistas y sanitarias que invocan los panistas tamaulipecos, de que el préstamo ayudaría a aliviar en gran manera el tema de la pandemia, en contraparte los obradoristas están viendo más allá, ellos están viendo el 2021, y creen que si el préstamo le es otorgado al sexenio azul, entonces será como darle los instrumentos financieros para que ganen los comicios federales del año próximo.
Cabe hacer notar que esto no es privativo del cabecismo, pues ya en el pasado los gobiernos estatales del PRI hicieron lo mismo, en materia de adquirir préstamos y con ellos hacer obras, pero también ganar elecciones locales.
El problema es que ahora, al atorarles el préstamo, el Gobierno estatal cabecista tendría que explorar rutas alternas en materia legal. Y es aquí donde entraría en acción su área jurídica, a cargo del experimentado abogado victorense Abelardo Perales Meléndez.
Habrá qué ver a la luz del derecho qué cartas trae el abogado Abelardo bajo la manga.
¿Será capaz de encontrar la luz al final del túnel, en este complejo y azaroso proceso y ganarle a la Suprema Corte? ¿Será posible recurrir a un amparo contra la resolución de la Suprema Corte? Sin embargo, mientras no haya un veredicto, no se puede responder. Y ésa parece ser la clave: Congelar el préstamo.
Mientras se cocina el epílogo constitucional de este relevante tema, la guerra política entre ambas instancias de Gobierno sigue a todo lo que da.
