Cuadrante político

 

Por Fernando Acuña Piñeiro

 

Con la instauración de la llamada ‘Operación Mochila’ en todos los estados de la República, están lesionando gravemente las garantías individuales y los derechos humanos de los niños y los adolescentes mexicanos.

Este tipo de medidas, signo de desesperación oficial, son el resultado de que el Gobierno en todos sus niveles no ha hecho la tarea, en materia de seguridad pública, generando a través de más de diez años de violencia, una subcultura de la agresión, del odio y del revanchismo.

A ningún padre de familia le gusta que sus hijos sean tratados como delincuentes. Y con todo y las características especificas del mencionado operativo, la realidad es que habrá cateos por la fuerza y se obligará a los menores a vaciar sus mochilas, agrediendo su intimidad y sus enseres personales.

Este tipo de medidas hasta ahora sólo eran protocolo obligado de los presidios, donde purgan sus condenas los delincuentes: ladrones, asesinos, narcos, estafadores. Pero hoy esa parte de la población, considerada como el jardín del futuro, los ciudadanos del mañana, serán objeto de escarnio al tener que soportar este tipo de humillaciones.

La ‘Operación mochila’ surge después de que ocurre el asesinato de una maestra a manos de uno de sus alumnos, en el norte del país. Hechos como éste demuestran el grado de degradación y de descomposición en que nos encontramos como sociedad. El núcleo familiar hace aguas.

Pareciera un barco a la deriva. Pero también es un indicador de que el Gobierno ha fallado rotundamente. No ha cumplido con su responsabilidad de pacificar la República.

Finalmente, la operación Mochila sólo es una medida demagógica, donde el Gobierno en todos sus niveles (federal, estatal y municipal) busca endosarle la culpa a la sociedad.

Mientras esto ocurre en la superficie, siguen brillando por su ausencia las medidas de fondo: continúa imparable el tráfico de armas, desde la frontera norte y sur. El Gobierno federal no da muestras de contar con una estrategia eficaz para resolver el problema. Y es hora que las diversas instancias oficiales se siguen echando la pelotita, evadiendo su responsabilidad.

Aquellos padres que apoyan la ‘Operación mochila’, son aquellos que no quieren cumplir con su obligación moral de hacerse cargo de la conducta de sus hijos. La mejor revisión y educación no ocurre en la escuela, sino en la casa.

Pero, por si esta reflexión fuese insuficiente, y para aquellos que buscando quedar bien con el poder en turno, o bien alineados en el adocenamiento o la mojigatería, se pronuncian a favor de la ‘Operación mochila’, les recordamos que el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, señala el derecho que estos tienen a la intimidad.

En su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 21/15, dijo que dichos operativos violentan el derecho a la intimidad, seguridad jurídica y discriminan el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Pero también se contravienen tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, fracción primera, artículo 16, que especifica que:

“Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”.

Es ridículo, como lo son también las personas que apoyan este tipo de medidas, que sometiendo a los niños y adolescentes a los cateos se busque frenar la ola de inseguridad.

La inseguridad es un tema estructural que va mucho más allá que esta estrechez de miras. ¿Qué, si un niño lleva una pistola o cualquier arma a la escuela..?  No es en la institución escolar donde el Gobierno debe de sofocar el problema, pues no se origina ahí, sino en el seno de la sociedad, en las calles, en la complejidad de las mafias que siguen siendo apapachadas desde las diversas instancias gubernamentales. En la praxis de la corrupción, de la impunidad, que nada tiene que ver con las risas y los juegos infantiles.

En el caso del niño de Torreón que mató a su maestra, hasta que no ocurrió la tragedia las autoridades omisas y cómplices se dieron cuenta de que su abuelo y gran parte de la familia tenia deudas con la ley. De ese tamaño es la laguna en materia de procuración de justicia en México.

Reflexionen por favor señores: las escuelas son el semillero de la pureza y la esperanza en el porvenir. No las convirtamos en un lugar siniestro y punitivo antes de tiempo. No hagamos de ellas las nuevas cárceles de la subcultura violenta.

Por lo que se ve, ya no habrá mucha diferencia entre la llamada Granja de Güémez (cárcel para menores) y las escuelas primarias y secundarias.

Mucho ojo, porque estamos metiendo a nuestros niños en una bolsa de sospecha delincuencial que, psicológicamente, en lugar de ayudarlos, puede afectarlos mucho.

Es irónico como los gobiernos corruptos y promotores de la impunidad, en todos sus niveles, pretenden mancillar lo único puro que tenemos.

Valdría la pena preguntarnos si en países como Estados Unidos, donde se ha registrado una fuerte violencia de esta misma índole, hay ‘Operación mochila’ en las escuelas.

En Estados Unidos no existe esta aberración. Y no existe porque allá sí hay una opinión pública vigorosa, que sabe defender sus derechos.

Finalmente la ‘Operación mochila’, que por cierto ya ha demostrado su fracaso en México, no deja de ser una medida politiquera, propia de gobiernos bananeros.

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