Por Felipe Martínez Chávez
Como dicen los expertos, el proceso electoral que ha comenzado es atípico, algo fuera de lo común por los millones de pesos que precandidatos y aspirantes a la reelección han pulverizado por el territorio.
No es de un solo partido sino de los principales. Lo mismo regalan alcaldes, diputados y elementos de la sociedad civil que aspiran a un cargo por elección.
Como nunca –como lo acepta el árbitro José Guadalupe Ramos Charre- se han dado las precampañas “anticipadas”.
Estamos a tiempo de que se paren. Es mucha lana tirada a la basura, con la sospecha de que una parte viene del sector público y otra de “quién sabe dónde”.
Ahora bien, no el regalar productos y servicios hará ganar a los candidatos. Está probado.
Si no es el INE a través de sus acuerdos, pudiera ser la Fepade (Fiscalía para Delitos Electorales) o directamente los partidos hablar con su gente. No es moral regalar algo a cambio del voto.
En el proceso 2020-2021 el Instituto Electoral ha aplicado ya dos sanciones, casualmente a la misma persona, Rigoberto Ramos Ordóñez, de Reynosa, un apercibimiento privado y multa por ocho mil y pico de pesillos.
Se le fincaron cuando todavía no arrancaba oficialmente el ciclo de preparación de la elección.
Hace dos años (elecciones 2018-2019, diputaciones locales) las “sanciones” fueron para siete cráneos, seis de ellas con “amonestaciones públicas” y una por 46 mil pesos, esta para el morenista Mario López Hernández, presidente municipal de Matamoros.
Los regaños para: Martha Patricia Corral, de Valle Hermoso; María del Pilar Gómez Leal, de Victoria; Imelda Margarita San Miguel, de Nuevo Laredo, y Juan Enrique Liceaga Pineda, Xicoténcatl, ahora diputados locales.
Un año más atrás, 2017-2018, el IETAM aplicó seis “castigos”, entre ellas tres amonestaciones públicas y un apercibimiento –a los que nadie hace caso- para Maki Ortiz Domínguez, presidenta de Reynosa; José Alfredo García Jasso, presidente municipal de San Fernando y Yésika Yaneth Selvera Garza, alcaldesa de Abasolo.
Las multas económicas para: Miguel Angel Almaraz Maldonado, otrora candidato independiente a la presidencia de Río Bravo, por 40 mil 300 pesillos, y otro tanto para la reynosense Maki Ortiz.
Esta vez el proceso lleva diez días ¿cuántas sanciones se esperan? Pero que no sean “coscorrones”, ni llamadas de atención o “fuchi” y “guácala” por hablar con estilo obradorista.
Es lo que se necesita de urgencia: Un escarmiento para los acelerados que adelantan sus campañas regalando a diestra y siniestra ¿no cree usted querido lector?.
Por otra parte, promete ser interesante la sesión de este jueves del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Por fin sabremos si “tumban” al secretario del IETAM, Juan de Dios Alvarez Ortiz, o lo harán los magistrados federales en segunda instancia.
Es que nuestros magistrados siempre llegan por “dedazo”, son unos inexpertos sobre el tema, algo miedosos y de paso le tiran mucho a la “wüeva”.
Diga usted si no son holgazanes o miedosos. Este mismo jueves resolverán sobre una demanda laboral que presentaron dos empleados del propio Tribunal con fecha 31 de diciembre del 2018. Casi dos años permaneció el expediente en la “congeladora”.
Pero el asunto principal no es ese. Doña Blanca Eladia como jefa, corrió gente a lo desgraciado sin las debidas indemnizaciones de Ley, y la demandaron.
Sabiendo como se las gasta la mujer y sus colaboradores, algunos prefirieron recurrir a tribunales federales –de una vez directamente- como fue el caso de María de los Angeles Ibarra Ontiveros y Jesús Rivera García.
Bueno, hoy sabrán Elías Américo Hernández Villanueva y Constancio Ramón Rodríguez Galván si los indemnizan o tiene que decidirlo el TRIFE.
Está muy mal de que los juicos laborales los tengan que ventilar los propios magistrados. Como quien dice, son Juez y parte, son patrones y árbitros.
La denuncia contra el secretario general del Instituto Electoral fue presentada hace meses por Juana María Vargas Barberena y otras dos mujeres, como lo decíamos en colaboración reciente.
Duraron meses archivados los expedientes en que Rosalinda Aguirre Trejo y Luz Daniela Cruz Santos se inconformaron en contra del Congreso del Estado, por el decreto de reforma electoral que entró en vigor el pasado 13 de junio, según el periódico Oficial del Estado.
Aquí no hay mucha ciencia ni tienen que preocuparse los magistrados locales, ni los diputados. El Trife ya corrigió el camino.
Hay otra versión sobre el abandono de la bancada panista por parte de la diputada federal Nohemí Alemán Hernández: “Era acosada constantemente por el senador”. Lógico que no se refieren a Américo.
Pero la aclaración inmediata: No acoso con fines amatorios sino políticos, de colaboración y lealtad “a la causa”.
Nunca coma hora había causado tantos comentarios una disidencia azul, y vaya que las ha habido en la historia reciente.
Antes de irnos, en acatamiento al inciso “g” del artículo 68, Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, este viernes rendirá su primer informe de gestión legislativa el diputado Alberto Lara Bazaldúa, el mismo que comenzó con eso de regalar gas LP a todo el que se interese.
Seguramente dirá cuantos cilindros llenó y en qué municipios. Interesante ¿no?.
