El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que un tema prioritario es otorgar a esta instancia mayores herramientas legales para cumplir con la Evaluación Nacional de Riesgos.
Al reunirse con los senadores de Morena en los trabajos de su IV Reunión Plenaria, refirió que los riesgos para el lavado de dinero en México están en la delincuencia organizada.
Otros son el dinero ilícito que es introducido al sistema financiero, la corrupción política, el trasiego de bienes y drogas por puertos y aduanas, y el uso de dólares y pesos en efectivo.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también solicitó a los legisladores que el financiamiento al terrorismo se incorpore como objetivo de la ley, debido a que forma parte del estándar internacional.
“Estamos planteando un enfoque en el que todas las actividades vulnerables, es decir corredores públicos, notarios públicos, desarrolladores inmobiliarios, vendedores de arte y de joyas, entre otros, sepan cuáles son los riesgos”, expuso.
Santiago Nieto pidió que se establezca la obligación de que se pueda acreditar quiénes son las personas que reciben los beneficios por los actos de corrupción o por casos vinculados con delincuencia organizada.
Ante senadores de Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) expuso que el combate al lavado de dinero y a los recursos de procedencia ilícita es fundamental para abatir la corrupción y enfrentar a la delincuencia organizada.
En este punto, pidió a los senadores mayores herramientas legales para que pueda fortalecer la evaluación nacional de riesgos financieros.
Nieto Castillo advirtió que mientras tengan dinero los grupos delincuenciales seguirán operando, y para enfrentarlos es necesario deshacer sus estructuras financieras y “ésta es la apuesta de esta administración: congelar las cuentas, encontrar las personas físicas y morales que son utilizadas para el lavado de dinero”.
Explicó que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son protegidos, promovidos o apoyados por grupos de poder, particularmente local, por lo que otro elemento indispensable de esta estrategia es enfocado a combatir la corrupción política.
Agregó que también se requiere enfrentar la corrupción judicial, porque son jueces y magistrados, incluso ministerios públicos, “quienes establecen los mecanismos jurídicos de protección” a ese tipo de delincuentes.
En este contexto, Santiago Nieto Castillo consideró que la iniciativa de senadores para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cumple con los estándares internacionales para este propósito.
Señaló que de las 40 recomendaciones en esta materia México ha cumplido parcialmente con 15, entre las que destaca la relacionada con los sujetos obligados por actividades vulnerables.
“Creemos que lo importante es que exista coordinación entre las instituciones y que podamos mandar el mensaje a la ciudadanía de que la UIF proporciona información en el ámbito de sus facultades a las autoridades ministeriales para llevar los casos ante los tribunales”, concluyó.
