LOS HECHOS
POR José Inés Figueroa Vitela
Varios ayuntamientos -léase alcaldes-, andan entretenidos, buscando la forma de librarse de sus responsabilidades constitucionales.
El 115 de la carta magna es muy claro, cuando pone a cargo de la prestación de los servicios públicos a los gobiernos municipales, concediendo al Estado, la posibilidad de atracción, cuando haya causas amplias y fundadas, precisamente acordadas, de que no puedan hacerlo.
En el recurrente ejemplo del municipio capitalino, la constante ha sido poner por respuesta al cumplimiento de sus responsabilidades, el dibujo de hipotéticos horizontes que luego no se han concretizado.
Así los miles de millones de pesos “que iba a dar” primero el Banco de Desarrollo de América del Norte, BANDAN, y luego un banco europeo, con lo cual, en sus respectivos plazos, se iban a solucionar todos los problemas urbanísticos de la localidad.
Cumplidos los plazos de la supuesta financiación externa, solo “se echó tierrita” al tema, dedicándose a buscar y expresar otras excusas, a la incapacidad para hacer el mínimo trabajo encomendado al gobierno municipal.
Para no agotar el espacio en la retahíla de las fantásticas soluciones truncas, puestos en el aquí y ahora, volvemos al origen de las ofertas insustentas, que siguen queriendo ganarle tiempo al periodo de “ejercicio”, sin responderle al pueblo.
Hoy el cabildo debate si se le endosa a un particular la responsabilidad de rehabilitar y ampliar el sistema de alumbrado público, la recolección y confinamiento de la basura urbana y la prestación del servicio de agua potable, todos en franca crisis.
El tema del alumbrado público, dicen, lo va a pagar la empresa de uno de los GARZA SADA, de Monterrey, cobrando sus réditos de la diferencia entre lo que hoy paga el municipio por consumo de energía eléctrica, y lo que se reducirá al usar tecnología led.
No aclaran quien pagará los “recibos de luz” grandotes, pero ya se hizo el intento por endosárselo a los ciudadanos y aunque la aprobación del Congreso -a hurtadillas- se sacó para este ejercicio, no incluye a la administración victorense.
Y aunque en la aprobación de las leyes de ingresos municipales para este año, se echó abajo la intención de autorizar a los ayuntamientos a cobrar por el servicio de recolección y confinamiento de la basura, siguen adelante con la intención de hacerlo.
Andan gastando, lo que no se invierte en darle mantenimiento a los camiones recolectores, en proyectos de “reingeniería y recuperación” del relleno sanitario, con la gastada excusa de que “los gobiernos pasados nunca le dieron la atención necesaria”.
Y por supuesto, la intención manifiesta es que tales trabajos -recolección y confinamiento- también se privaticen, para que siendo empresas las que lo presten, también sean ellas las que lo cobren, por supuesto, a los ciudadanos.
Debajo de la manga traen la carta de la flamante Ley de Asociaciones Público-Privadas, como el conjuro para que otros hagan lo que ellos no han podido hacer, siendo su responsabilidad primaria.
Pero eso, insistiré, no parece más que una más de las prácticas dilatorias, sin futuro.
Puede que lo aprueben los cabildos y hasta el Congreso lo avale -sin conceder-, pero a la primera intentona por hacerlo efectivo, cualquier ciudadano podrá recurrir a las instancias jurisdiccionales, para hacer valer el 115 constitucional.
Hoy mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene un juicio de constitucionalidad en la Suprema Corte, precisamente por la aprobación en Tamaulipas del cobro del servicio de alumbrado público y la prestación de información pública, en tratándose de derechos de todo ciudadano, amparados por la Constitución.
Si llegan a hacer efectivo el cobro de esto o aquello, emitido el fallo del máximo tribunal del país, no solo tendrá qué responderle a los ciudadanos; por el principio de evicción, además deberán compensar a las empresas que lleguen a involucrarse.
Tal vez no pierdan los negociantes, ni los funcionarios públicos, porque van a la aventura con los dineros del pueblo, solo pensando en satisfacer apetitos personales; el arrepentimiento vendrá después, cuando sufran el juicio de la historia, del propio pueblo y del supremo.
Muchos de los funcionarios, especialmente los torcidos de la mente y la conciencia, creen que la historia inició cuando ellos llegaron y terminará cuando se vayan, lo que harán inexorablemente.
Como ellos, hemos visto pasar muchos y otros tantos llegarán después, también desconociendo su historia, cuando los alcance el llanto y el crujir de dientes, que en la experiencia hemos visto, también les llega más temprano que tarde.
Desde el Congreso, su Presidente, GERARDO PEÑA FLORES, anda más ocupado con la Comisión Especial legislativa, buscando que en efecto el gobierno federal le entre con más recursos, de los tantos que manda Tamaulipas, para avanzar en los programas de bienestar colectivo.
Pasada la sesión de este día, van a ponerse de acuerdo para que la semana entrante inicie la pasarela de miembros del gabinete, que acudirán ante los diputados, a abundar en detalles sobre el IV Informe de Gobierno recién recibido de manos del ejecutivo estatal.
Los eventos en torno de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ayer continuaron, especialmente dentro del sector público, que el día de la víspera se vio punto menos que paralizado con la ausencia de las trabajadoras y funcionarias.
En el Congreso se impartió la conferencia Cerrando Ciclos, a las trabajadoras de ese poder y en Palacio de Gobierno, se celebró la Séptima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra Las Mujeres”.
Este último evento fue coordinado por el Instituto de la Mujer de Tamaulipas, encabezado por MARIA ELENA FIGUEROA, quien a la vez es Secretaria Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, presidido por la Magistrada BLANCA HERNÁNDEZ ROJAS, entre las asistentes al evento, incluidos integrantes del gabinete, como el Fiscal General y la Secretaria de Obras.
El Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, participó con sus pares de Guanajuato y Aguascalientes, en la Firma de Convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, con el titular de este, JUAN ANTONIO FERRAR AGUILAR.
El acuerdo establece que estos estados -además del de Chihuahua que ya había firmado antes-, colaborarán y se coordinarán con el organismo federal para alcanzar los objetivos de calidad, cobertura y gratuidad en los servicios de salud pública, pero no entregarán sus sistema e infraestructura a la federación, para ser operados por ellos.
Por los corrillos del PAN, su Secretario General de siempre, a ratos adjunto y a ratos titular efectivo, LUIS TOMÁS VANOYE CARMONA, recibió el reconocimiento del alto mando nacional, por el mayor número de Talleres de Introducción al PAN en 2019.
Junto con RODRIGO MONREAL BRICEÑO, es de los activos panistas más preparados, experimentados y que históricamente se han fajado, defendiendo con argumentos en los institutos y tribunales, las causas del partido.
En la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la diputada federal morenista matamorense, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, fue designada Presidenta del Grupo de Amistad México-Italia, precisamente recién instalado en la representación popular.
En ese marco, donde la paisana empezó su esfuerzo por estrechar lazos de colaboración legislativa, el Embajador italiano, LUIGI DE CHIARA, ponderó la calidad compartida entre su país y México, como potencias culturales, políticas y económicas, compartiendo retos globales, como el de la migración.
Una Comisión Binacional analizará asuntos de interés compartido.
