Opinión pública
Por Felipe Martínez Chávez
A como marchan las cosas el recién nombrado presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Guadalupe Ramos Charre, no durará los siete añitos para los que fue nombrado y está dispuesto a terminar. Lo pondrán en la calle los chairos de la 4T.
Es más, según los proyectos pejistas, al jovenazo no le alcanzaría el tiempo para dirigir la elección del 2021 de alcaldes y diputados locales (en lo federal no tiene injerencia).
Lamentable porque es un hombre de valía. Tiene las medallas suficientes para hacer el mejor papel al frente del organismo.
Los morenistas prometen que a más tardar para junio tendrán listo el proyecto de reforma política que busca acabar con los OPLES, figura con la que denominan a los Institutos Electorales de los estados.
Todo en aras de la austeridad republicana.
De concretarse el plan, para septiembre, cuando arranque el proceso, habrá nueva estructura, un INE que ya no se llamará así pero tendrá a su cargo la organización de los comicios en todo el país, bajo el argumento de una auténtica democracia ajena a las opiniones de los gobernadores.
Dicen los morenos que el Estado de México y Veracruz gastan mil 100 y 600 millones respectivamente, al año, en mantener a su árbitro.
Pero no se fijan que Tamaulipas –para este 202–, dispondrá la ínfima de 300 millones, la mitad de los 600 del 2019 que fue año electoral.
Si se aprueba la propuesta de Morena se van los consejeros del IETAM con sus millonarios sueldos, pero se queda el subsidio para los líderes partidistas que son intocables.
Lo que no se sabe es qué va a pasar con los 135 empleados. ¿Indemnizarlos conforme a la Ley? ¿Se van al INE?. Son gente que trabaja porque lo necesita.
En cuanto a sueldos deben tener razón los obradoristas. Las prebendas y ‘conquistas’ de los jefes partidistas son demasiado altas.
No puede haber órgano electoral rico con pueblo pobre.
Hoy sabemos que los representantes (vigilancia) en la Junta General, Junta Local (estatal) y Distritales cobran una lana en efectivo y en ‘especie’.
El sueldito de los nacionales es de 122 mil por ‘mesquite’, además de 14 mil por alimentos cada 30 días, boletos de avión, pago de gasolina, dos teléfonos celulares, internet, televisión por cable, renta de dos cajones de estacionamiento y hasta suscripción oficial de periódicos y revistas, ente otros beneficios.
Cada partido tiene oficinas amuebladas y pagadas por el Instituto y con mantenimiento y personal oficial.
Si cambiamos, para el 20 de febrero a más tardar la Auditoría Superior de la Federación debe rendir su informe sobre la revisión al gasto del ejercicio 2018. ¿Y luego qué?
Hablando en plata limpia los auditores ya no espantan a nadie, ni a los ‘niños de pecho’, por manejar una frase del presidente López.
En los resultados va incluido el gasto federalizado, o sea la lana que llega a los estados y a los municipios en obras y programas, que cada año son revisados.
Decíamos que los fiscalizadores no generan preocupación y menos atemorizan a los deshonestos. A nadie han mandado al bote pese a que tienen uñas y dientes.
Uno de los más claros ejemplos nos lo da la auditoría realizada al ex alcalde Gustavo Torres Salinas, de Tampico, en el ejercicio 2015 en que se dieron malos manejos por 21.4 millones de pesos. Los dineros federales se destinaron a fines distintos a los que venían etiquetados.
La Auditoría determinó que ‘el municipio de Tampico no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos’ del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Otros 6.2 millones fueron a dar a cuentas bancarias ajenas y nadie fue procesado por la vía penal.
En la misma ‘comalada’ de alcaldes pillos va Juan Andrés Díaz Cruz, de Tula, quien dejó ‘pendientes’ más de diez millones de pesos tan sólo de dinero federal, incluyendo las famosas casas rurales de la SEDATU, que se cobraron pero no se construyeron.
Devolvió 1.5 millones. ¿Y los restantes 8.5 ‘apá?
Tan lo perdonó el ‘sistema’ que la esposa de Díaz es regidora en el actual ayuntamiento tulteco y está lista para suceder al finito Lenin Coronado Posadas.
Ya sólo falta que la nomenclatura le conceda el deseo para convertirlo en cacique después de sus dos perversos pasos por la alcaldía.
En Matamoros pasó lo mismo. ¿Cuándo han molestado con el pétalo de un citatorio a Leticia Salazar Vázquez? Dejó temblando al municipio y vive tan tranquila.
Lo más lamentable es que, en muchos casos, los pillines devuelven el dinero a ‘doña Fede’ con recursos del mismo presupuesto.
Tal es el caso de Diódoro Guerra Rodríguez, ex secretario de Educación en los tiempos egidistas, obligado a regresar millones porque los utilizaba hasta para fiestas y regalos navideños, pero no para el fin primordial: los maestros que toman el gis.
El coordinador parlamentario del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, comenzó a manejarse en lo nacional. Recibió nombramiento como secretario de Vinculación de la Asociación de Diputados Locales del PAN. Será el encargado de generar canales de comunicación entre los 223 legisladores que integran el grupo, para generar agenda común en todo el país.
