POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
Vaya compromiso que asumió el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez para tratar de frenar el llamado “enojo social” en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por el caos que hay en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), puesto que aseguro que todos los servicios médicos serán gratuitos antes de que concluya el 2020 para personas de escasos recursos económicos en el país.
Incluso, anunció que a diferencia del Seguro Popular, el INSABI incluirá otros métodos clínicos en contra de 18 enfermedades que son consideradas como gasto catastrófico y que por el alto costo económico del tratamiento dejan en la pobreza a muchas familias.
El doctor López-Gatell Ramírez aseguró que se atenderá en forma gratuita a todas las personas que padecen diversos tipos de cáncer que son severos, como el melanoma, carcinoma basocelular, además de cánceres en los pulmones, de tiroides y de páncreas, entre otros.
“El INSABI también se hará cargo de proporcionar en forma gratuita tratamientos para tres tipos de leucemia, hipertensión arterial pulmonar, absceso cerebral y hasta de la sífilis”, aseveró el funcionario de la Secretaría de Salud.
A simple vista uno diría que el programa sustituto del Seguro Popular sería una maravilla de la llamada 4° Transformación, pero desafortunadamente no deja de ser declaración temeraria e irresponsable que sólo trató de tender una cortina ante el caos que enfrentan a diario miles de pacientes que acuden a clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud.
Difícilmente se podrá convertir en realidad el compromiso del doctor López-Gatell Ramírez, sobre todo si persiste la llamada “austeridad republicana” del presidente López Obrador, quien podría diferir la gratuidad de los servicios médicos y la entrega de medicamentos más allá del 2020.
A propósito, resulta que los medicamentos adquiridos por Raquel Buenrostro Sánchez cuando se desempeñaba como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se entregarán hasta el próximo mes de marzo, por lo que cientos de padres de familia con hijas e hijos que padecen cáncer organizarán más protestas en contra del gobierno federal.
Resulta criminal e inhumano que por tener ahorros no se hayan adquirido los medicamentos que requieren las niñas y los niños con cáncer, cuyos padres se han visto en la necesidad de comprarlos para evitar que sus hijas e hijos sufran una recaída por no tener los fármacos indicados.
De regreso a la gratuidad de los servicios médicos que anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no hay duda de que el doctor López-Gatell Ramírez no dimensionó el compromiso que hizo para tratar de ocultar el caos que se vive en el arranque el INSABI.
Aunque uno no tiene una “bola de cristal”, se puede afirmar que México no tendrá un sistema de salud similar al de Canadá, Inglaterra, Holanda, entre otros, en donde toda la población goza de excelentes servicios médicos en forma gratuita antes de que concluya el presente año.
Esperemos que los colaboradores de López Obrador se pongan a trabajar para tener listas las reglas de operación del INSABI antes de junio próximo, puesto que los pacientes y sus familiares padecen cobros indebidos y malos tratos por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud.
En otro tema, el rector José Suárez Fernández hizo entrega de 14 bicicletas para la policía de proximidad de Ciudad Victoria, durante una ceremonia realizada en la explanada de la Plaza Juárez, en donde destacó la importancia de colaborar en forma coordinada con organizaciones empresariales y civiles para mejorar la vigilancia en el primer cuadro de la capital tamaulipeca.
Acompañado por el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Local, José Luis Loperena González, el rector de la UAT convocó a trabajar unidos en la búsqueda del bien común, cuya premisa se basa en la política social que tiene nuestra máxima casa de estudios.
También estuvo presente la presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia de Victoria, Josefina Guzmán Acuña, quien junto con un grupo de empresarios lleva la estadística de criminalidad a las reuniones que sostienen con las autoridades militantes y policíacas.
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