Por Alejandro Govea Torres

 

La disputa que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los empresarios reafirma la idea de que sigue los pasos de Hugo Chávez Frías (qepd) cuando asumió la presidencia de Venezuela hace 21 años, cuya gestión acabo con la economía de aquella nación sudamericana por el derroche de recursos en aras de ayudar a los más pobres, y ahora más, luego de que el actual dirigente nacional interino de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, difundió anteayer un comunicado de prensa en donde propone revisar y gravar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

“López Obrador no dará paso atrás en la disputa que tiene ahora con los empresarios nacionales y extranjeros que invirtieron en plantas generadoras de energías limpias”, según la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Roció Nahle García, quien confirmó ayer que se mantendrá el acuerdo acerca de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional.

El acuerdo limita la libre competencia en el sector eléctrico de nuestro país, además de encarece el servicio de energía eléctrica porque mientras las tarifas de las empresas de energía eólica o solar son más baratas, las de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son cinco veces más caras.

A propósito, el presidente López Obrador, en la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, aseveró que las empresas de energías limpias atentaron contra la CFE, puesto que pretenden sacarla del mercado nacional para que sean ellas las que surtan el fluido eléctrico en todo el país.

Incluso, señaló que: “En lugar de estar demandado, deberían de pedir disculpas”, porque según él están saqueando a México con contratos leoninos.

También advirtió que seguirá ‘poniendo orden’ en el mercado eléctrico de nuestro país, pero lo cierto es que la CFE carece de la capacidad de generación para satisfacer la demanda, debido a que la mayoría de sus plantas se encuentran en deplorables condiciones.

De regreso con la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Carlos Salazar Lomelí, demandó revocar el acuerdo porque pone en riesgo inversiones por más de 30 mil millones de dólares en ocho estados de la República, entre los que se encuentra Tamaulipas.

Por su parte, el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, alertó acerca de la propuesta del dirigente nacional de MORENA, Ramírez Cuéllar, quien propone que se le otorguen facultades extraordinarias el INEGI para que no tenga ningún impedimento legal en revisar y gravar el patrimonio de todos los mexicanos.

Ramírez Cuéllar señala en su comunicado de prensa que el INEGI deberá de presentar cada dos años los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano, por lo que deberá tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como toda la información financiera y bursátil de las personas.

De igual forma, el ahora ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados propone la aplicación de la llamada ‘progresividad fiscal’, que consiste en contribuir conforme a sus ingresos con los gastos del Estado para alcanzar el ‘Bienestar social’.

Y no conforme con estás medidas impositivas, Ramírez Cuéllar solicita que se le den más facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a fin de vigilar a las empresas que producen y distribuyen los bienes y servicios para que no abusen en sus ganancias en perjuicio de los consumidores, entre otras medidas que provocan la desigualdad social.

Si bien es cierto que deben contribuir más quienes más ganan, la política de encono y confrontación de López Obrador en contra de los empresarios en nada contribuye en lograr el pretendido bienestar que demandan él y sus correligionarios de MORENA, ya que con la aplicación de políticas inquisitivas aleja la posibilidad de superar la crisis financiera que se avecina luego de los estragos de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país.

Nos encontramos sumergidos en un terreno pantanoso que amenaza la estabilidad económica y social de México, debido a que López Obrador sigue cada uno de los pasos del régimen de Hugo Chávez Frías (qepd), que propició el empobrecimiento de toda la población en Venezuela, además de la pérdida de libertades porque con la ayuda de los militares se ha implantado un régimen autoritario y fascista, como el que encabeza Nicolás Maduro Moros.

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