Opinión pública

Por Felipe Martínez Chávez

 

Vaya bronca en que está metido un magistrado del Tribunal de Justicia del estado al que. por varios años, en la época dorada de las transas tricolores, le dio por meterse de constructor.

Integró su empresa familiar con fecha 25 de enero de 1997 ante la fe de un notario de Monterrey, con capital de 50 mil devaluados pesos.

Para no hacerla tan larga, la Subsecretaría de Ingresos le reclama 30 millones 993 mil del águila. De ellos 14.5 son por impuestos y el resto de multas y recargos de los últimos siete añitos.

No es una cantidad cualquiera considerando que son reclamos por un año de ejercicio, de enero a diciembre del 2012. Antes y después el causante requerido habría cumplido con sus pagos.

Pensó que se le escaparía a don Arturo Soto Alemán (ahora diputado local), el recaudador de hierro, pero no fue así. Ya es buscado sable en mano.

Finanzas actúa de conformidad con un convenio de coordinación fiscal firmado con el Gobierno federal, en que lo recaudado pasa a las arcas locales, algo que no pueden dejar ir.

Cuando ya no quede recurso legal alguno, se darán embargos de propiedades.

Dicen los documentos que la empresa –socio mayoritario el magistrado– evadió cubrir impuestos de ingresos que suman 42.4 milloncillos acumulados en 52 depósitos a la respectiva cuenta bancaria, que no pagaron impuestos.

De los ingresos de ese año, fue en el mes de junio cuando le fue mejor al ‘changarro’. Entraron 15.3 millones prácticamente libres de polvo y paja. Si bien hicieron deducciones por 31.3 millones, al final nada pagaron.

La evasión fue detectada hasta 2017 cuando Soto ya estaba en la Subsecretaría, no en la administración tricolor.

Los casi 31 millones es el acumulado hasta enero del presente año y puede aumentar si el propietario no acciona la ‘hulera’.

A partir de la notificación –esta semana–, Finanzas le otorga 45 días para que se presente a la Oficina Fiscal a depositar la lana. Si lo hace en ese periodo recibirá un descuento del 20 por ciento, algo así como seis millones. Si continúa en rebeldía el crédito seguirá en aumento y culminará en embargos.

Para ya no cansar, sólo daremos referencia al ‘peso’’ de ese constructor durante el sexenio egidista, que fue el que lo subió a la chambita en que lo ratificaron los vientos del cambio.

Entre 2014 y 2015 siguió realizando obras. Una asignación directa fue por seis millones 225 mil pesos para la impermeabilización de una universidad en Tampico.

Con presupuesto de 3.04 millones construyó el Centro Comunitario del Sector Pajaritos y un desayunador en el ejido Rancho Nuevo de Arce, en Victoria, apoyado por el jefe de Obras Públicas del Ayuntamiento, Roberto García Cantú.

Fue más bien en 2017 cuando le asignaron obras por casi los 17 millones, una parte retiradas mediante juicio administrativo por incumplimiento.

Por si usted quiere saber más de quién se trata, hemos de decirle que el negocio tenía (echaron pies en polvorosa) sus oficinas en la colonia Las Palmas, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad capital.

Dicen los auditores que en el edificio ya funciona otro negocio, es domicilio fiscal de un causante ajeno.

En otros asuntos, este miércoles el Tribunal Electoral negó el recurso de apelación interpuesto por varios ‘súper delegados’ de la 4T, en contra de la resolución del Tribunal Especializado que los encontró culpables de uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental en periodo de ‘veda’.

Esto fue en las campañas del 2019 y entre los señalados está Mr. ‘JR’ Gómez Leal, gerente de López Obrador en Tamaulipas para asuntos de bienestar familiar.

José Ramón no presentó recurso al TRIFE. Se quedó con la responsabilidad que le fincaron los magistrados que dice: “Resulta existente la misma infracción en contra de Indira Vizcaíno Silva, José Ramón Gómez Leal y Lorena Cuéllar Cisneros… se acreditó que al momento de atender la medida cautelar, omitieron precisar lo relativo a ordenar el retiro de las publicaciones materia de dicha determinación, así como ordenar a su personal abstenerse de realizar publicaciones similares”.

Los señores utilizaron a López Obrador para hacer propaganda en favor de su partido y candidatos, en las campañas de Baja California, Puebla, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y por supuesto Tamaulipas.

Por ahora el ‘gringuito’ tiene protección. Al rato lo dan de baja.

Y nada que aparecen las convocatorias del PRI para renovar comités municipales y consejos locales y estatal. El jerarca Edgardo Melhem Salinas estuvo el martes por El Mante y Gómez Farías, muy despreocupado de una situación que pronto hará crisis: el desalojo del edificio del Instituto ‘Reyes Heroles’, que utilizan como auditorio para todo tipo de eventos del CDE, incluyendo las conferencias de prensa.

Es propiedad de la Asociación Médica Victorense y lo quieren ya.

El edificio está en un terreno que les fue donado por el Gobierno del estado en tiempos del gobernador Emilio Martínez Manautou.

Tiene sesión este jueves el IETAM.

Ya con el nuevo presidente, Juan José Ramos Charre, comenzarán por nombrar comisiones de trabajo.