POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES

Con el pretexto de que el Plan de Reapertura de las Actividades Sociales, Escolares y Económicas será voluntario, el presidente Andrés Manuel López Obrador transfirió la responsabilidad a los gobernadores, quienes ahora tendrán que decidir cuándo se reiniciarán las labores en cada uno de sus estados, asumiendo de esta manera los riesgos de sortear con éxito o no la crisis sanitaria por el coronavirus.

Vaya paquete que les echo el tabasqueño a los gobernadores, puesto que ya no podrán culpar al gobierno federal de las consecuencias negativas de la pandemia por el coronavirus en sus respectivas entidades federativas, sobre todo aquellos mandatarios estatales que solicitaron créditos para la construcción de hospitales para atender a los pacientes y otorgar apoyos de financiamiento a los empresarios que cerraron sus negocios a causa de la contingencia sanitaria, entre otras necesidades que surgieron.

Lógicamente que los gobernadores necesitarán del apoyo financiero de la administración del presidente López Obrador, por lo que la lucha por obtener más recursos fiscales será complicada y tortuosa, sobre todo porque con el pretexto de la política de austeridad no se ha asignado un presupuesto extraordinario para enfrentar con éxito la pandemia por el coronavirus en las entidades federativas.

A propósito, la empresa “Caudae Estrategias” realizó una serie de encuestas en los 32 estados para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de cómo sus gobernadores habían actuado ante la crisis sanitaria por el coronavirus, cuyos resultados resultan se han difundido por diversos medios de comunicación y por las ahora “malditas” redes sociales, según López Obrador.

En los primeros 5 lugares se encuentran el gobernador Francisco Domínguez Servién de Querétaro, Claudia Sheinbaum Pardo de la Ciudad de México, Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato y Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa.

La labor de Domínguez Servién tiene el 65.2% de aprobación, la de Sheinbaum Pardo el 64.8%, la de Riquelme Solís el 63.1%, la de Rodríguez Vallejo el 62.8% y la de Ordaz Coppel el 60.5%.

Los gobernadores peor evaluados fueron: Marco Antonio Mena Rodríguez de Tlaxcala con el 17.8% de aprobación, Cuauhtémoc Blanco Bravo de Morelos con el 18.6%, Miguel Barbosa Huerta de Puebla con el 19.7%, Cuitláhuac García Jiménez de Veracruz con el 21.5% y Miguel Aysa González de Campeche con el 23.2%.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas ocupa el 11° lugar de la encuesta realizada por la empresa “Caudae Estrategias”, con el 52.1% de aprobación de los ciudadanos consultados en la entidad.

De regreso con el tema de “vaya paquete” que tienen ahora los gobernadores, no es gratuito que el presidente López Obrador les haya delegado más responsabilidades porque, como siempre, existen intereses electorales luego de que el tabasqueño ha sufrido una fuerte pérdida de popularidad durante el lapso de tiempo que lleva la crisis sanitaria por el coronavirus.

Por lo que depende del éxito o del fracaso que tengan durante la pandemia en sus respectivos estados, será el resultado de las elecciones intermedias del 2021, cuando se renueve la Cámara de Diputados, cuyo proceso será determinante para acabar con el enorme poder político que tiene en la actualidad el presidente López Obrador.

En otro tema, ahora resulta que gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Secretaría de la Función Pública (SFP) no se hizo la adquisición de los 20 ventiladores en la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo a una empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo Manuel Bartlett Díaz, titular de la CFE, según la titular de esta dependencia, la Doctora en Economía Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

En un comunicado de prensa, la titular de la SFP se atribuye que la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo haya rechazado los 20 ventiladores porque no reunían las características técnicas para atender a los pacientes del coronavirus, pero se le olvida que fue la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, que denunció la compra de estos equipos por 31 millones de pesos, es decir, cada ventilador tuvo un costo de un millón 550 mil pesos, cuando en otras partes el precio era de un millón de pesos.

Ahora Sandoval Ballesteros nos quiere hacer creer que ni siquiera se hizo el pago por la compra a la empresa de Bartlett Álvarez, además de que ya se le devolvieron los equipos, pero si no hubiera existido la denuncia y estallado el escándalo, la SFP ni siquiera se hubiera enterado porque la adquisición sin ninguna licitación con el pretexto de la urgencia sanitaria por el coronavirus.

Correo electrónico: jagovea_53@yahoo.com

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