Por Sánchez-Mendoza

 

Hay en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), justificada inquietud ante los despidos programados para reducir personal. Sobre todo entre los empleados de contrato; quienes no han cumplido cinco años en el servicio público; y los burócratas próximos a alcanzar su jubilación.

A los primeros, en su mayoría, no les sería renovado el contrato. Salvo que sean necesarios para ocupar las carteras conferidas. Y ésta decisión le corresponde tomarla a sus jefes inmediatos, con base a su desempeño, y/o por recomendación superior.

En el caso de quienes tienen menos de un lustro laborando, sean o no sindicalizados, la guadaña también aplicaría, por disposición oficial, bajo el entendido de que sólo permanecerían en sus plazas los ‘necesarios’.

Y en cuanto a los trabajadores próximos a jubilarse a tres, dos, un año de poder reclamar éste derecho, nada les garantiza que puedan ser sujetos al despido.

En los tres casos habría ofrecimientos de liquidación conforme a la ley, o, en su defecto, ceses verticales, dejando libres a los trabajadores para en su derecho, de no aceptar la oferta, proceder legalmente –mediante juicios, largos como siempre–, sin defensa alguna por parte de los sindicatos, a los que obligatoriamente entregan cuotas que les son cobradas en sus recibos de pago, como bien puede exhibirlo cualquier empleado condenado o no al retiro.

Desde hace días, circulan en todas las oficinas (de los tres órganos de gobierno) oficios que ordenan la reducción del personal, aunque de diversa manera.

En el ámbito federal expulsando a casi todos los empleados operativos al desconocer la existencia de sus plazas en el mejor de los casos, aunque sin haber todavía una estrategia para cubrir las vacantes. Y lo observamos, cotidianamente, en las representaciones que hay en el estado.

A nivel estatal la medida se tomó, dicen, por la reducción presupuestal del 2020, pues el recurso resultaría insuficiente para conservar la planta de empleados. Así que mañana, al iniciar el periodo de asueto decembrino, en muchos hogares también comenzará el peregrinar para buscar chamba.

Respecto al municipio –al menos el de Victoria–, desde hace semanas se giró la orden de ‘sacrificar’, a cuando menos, tres empleados adscritos a cada dirección, dejando ‘aparentemente’ el libre arbitrio a los titulares. Pero lo cierto es que el alcalde, en común acuerdo con su hija, sería el verdugo.

Hoy, quizá, no le sea dada la noticia a los ‘corridos’ –tratando de evitar más sinsabores–, pero en enero próximo, al reanudarse labores, estarán a disposición delas áreas de recursos humanos para ser notificados.

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