Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Está lista la Ley de Amnistía del Presidente López Obrador, que tantos ataques le ha generado por parte de los “conservadores” por aquello de que dejaría libres a los bandidos de alto impacto.
Al final del día resulta que son unos cuantos los que ganarán la calle, sobre todo adictos a las drogas y mujeres procesadas por aborto y quienes les “ayudaron”.
Van pa´fuera los simples raterillos siempre y cuando el delito no se haya cometido con violencia, la pena no alcance más de cuatro años y no hayan utilizado armas de fuego ni sean reincidentes.
¿Los presos políticos? Aquí va encuadrado el delito de sedición, o porque hayan invitado o incitado a formar grupos para alterar la vida institucional del país. La excepción es el terrorismo o si se registraron lesionados o muertos.
En relación a nuestro territorio debemos preguntar ¿algún preso político en Tamaulipas?. Hablamos de legislación federal.
Del fuero común los últimos –más bien represión- habrían sido cuatro ejidatarios de “San José” (reserva de la biósfera), municipio de Gómez Farías, a los que un ex Gobernador metió al bote antes de terminar su sexenio. Se negaban a “regalarle” cuatro hectáreas donde construyó cabañas para ir a meditar los fines de semana, acompañado de sus “sobrinas”.
Este hecho se dio en febrero de 1999 y, en cuanto entró en funciones el sucesor, ordenó liberar a los campiranos y devolverles las tierras con todo y cabañas (que hoy se rentan a los paseantes).
Presos políticos se han dicho varios. Si hablamos de grupos de presión para alterar el orden de gobierno, no.
Uno de los más sonados casos es el de Francisco Chavira Martínez en la época de Egidio Torre Cantú. Acusaba que fue su “preso político”. Estuvo en el penal de Tamatán ocho meses 17 días, 12 horas y 20 minutos. Contó muy bien el tiempo.
Salió con un “usted disculpe” luego del proceso por acusaciones de compañeros suyos del PRD, en disputa por la dirigencia estatal en 2008.
La verdad es que nadie –fuero estatal- ha podido demostrar que es “preso político”. Lo federal queda más lejos.
Otro posible caso concreto es el de Juan Genaro de la Portilla Narváez, ex alcalde de Altamira, también en la administración de Manuel Cavazos Lerma. Fue desaforado como diputado y enviado al penal de Adonegui.
Desde ahí colocó a su esposa Romana como presidenta municipal y, una vez en libertad, volvió al Congreso del Estado en otra legislatura. Quedó absuelto de los posibles delitos.
La voz popular señalaba que Genaro, sabiendo que al sombrerudo le gustaba el baile callejero y se “trababa” con cualquier escoba, le mandó a un “rarito” para sacarlo a pista en evento de campaña allá en el sur.
A varios años de distancia, Genaro dice que fue “la raza” de Madero la que se lo “puso” y el bailador se la creyó.
Un caso más que se recuerda viene de 1999 cuando el entonces alcalde Pascual Ruiz García ordenó la detención, utilizando a la policía preventiva, del dirigente del entonces Partido del Trabajo, Guillermo Gutiérrez Riestra, ahora delegado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tamaulipas.
El propio Guillermo lo calificó como un acto de venganza.
Lo cierto es que, en esta “comalada” de liberados, de Tamaulipas no va nadie por sus ideas.
Aparte, no es de la noche a la mañana. Para cuando salgan –mujeres, consumidores de droga y delincuentes menores- de los penales, habrá transcurrido la pandemia de coronavirus, que es uno de los urgentes de López Obrador.
El decreto concede dos meses para que se integre la respectiva Comisión (secretaría de Gobernación) que analizará las solicitudes de libertad. De ahí otros cuatro para tomar decisiones.
Ordena que las 32 entidades –incluido Tamaulipas- generen sus respectivas Leyes para liberar a presos del fuero común, por delitos “parecidos” a los que van en el decreto federal.
Al final, y esto es lo importante, quedarán en libertad mujeres que interrumpieron su embarazo por consentimiento propio y aquellos o aquellas que les ayudaron. Es algo que vale la pena.
La represión de obreros y campesinos, al menos en esta parte de la Patria, ya es historia. Que se sepa, nadie por sus ideas está en la cárcel. Los activistas políticos no han ido a los extremos.
Este martes el senador Ismael García Cabeza de Vaca endureció sus exigencias al gobierno federal, para que retire de urgencia a los enfermos de Covid-19 –mayoría extranjeros- de la frontera de Tamaulipas.
Presentó iniciativa de punto de acuerdo, para que el Senado exhorte a la Suprema Corte a que resuelva inmediatamente la controversia que presentó el Gobierno de Tamaulipas el 13 de abril.
La urgencia es enviarlos a sus países de origen o las regiones de donde proceden si viven en México. No puede ser posible que sigan en albergues o en campamentos callejeros.
El periódico Oficial del Estado publicó este martes decreto del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por el que se pospone por dos meses, el pago del impuesto “sobre nóminas” (Trabajo Remunerado). Los causantes tienen hasta el último de diciembre para pagar todo, sin recargos.
