El Gobierno de México rechazó que la consulta indígena sobre el “Proyecto de desarrollo Tren Maya” haya incumplido con los estándares internacionales en la materia, como lo señalan diversas voces, entre ellas la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
Además, consideró “aventurado afirmar sin fundamento” que las comunidades hayan aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas como agua, salud y educación, así como falso que no se haya contemplado obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades consultadas.
En un documento de siete puntos, el Gobierno de México respondió a los señalamientos del organismo internacional sobre el proceso de consulta y ejercicio participativo al que se convocó el 15 de noviembre a los ciudadanos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, anunciando incluso que sus resultados serían vinculantes.
Recordó que la consulta se sujetó a reglas y principios que privilegiaron la participación de todos, por lo que el protocolo y la convocatoria de la consulta, así como el material informativo, se tradujeron en lenguas maya, ch’ol, tseltal y tsotsil.
Además, fueron ampliamente difundidos y directamente entregados a las autoridades e instituciones representativas de las comunidades indígenas asentadas en el trayecto del proyecto del Tren Maya.
“Gracias a esta amplia convocatoria participaron mil 78 comunidades indígenas durante las Asambleas Regionales Informativas, lo que representa el 74.86 por ciento; y 985 comunidades indígenas durante las Asambleas Regionales Consultivas, que representa el 68.40 por ciento, del total de mil 440 comunidades convocadas”.
En ese sentido, “lamentamos que algunas de las voces que hoy se pronuncian en contra del proceso de consulta y del proyecto de desarrollo, no hayan acudido a las asambleas regionales, a fin de poner en manos de los participantes sus opiniones y críticas, así como su propuesta de desarrollo.
“Respetamos su posición política, pero no compartimos que la descalificación sea el método para posicionar las demandas que dicen abanderar en nombre de sus organizaciones”, añadió el Gobierno de México, al dejar claro que “es falso que no se haya contemplado obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades consultadas como lo afirma la ONU-DH México”.
