Por José Inés Figueroa Vitela
Como las donas glaseadas –a las que les quitaron el osito para bajarle al antojo infantil–, los ‘municipios de la esperanza’ tamaulipecos, de los cuatro que quedaban, ya nomás nos quedan tres, tres, tres.
Con el reporte del primer caso de coronavirus en San Fernando, confirmado las vísperas, ya su vecino Cruillas no pudo entrar a los municipios que desde ayer pudieron aperturar todas las actividades sociales y económicas, quedando esa condición sólo para San Nicolás, Mier y Miquihuana.
El domingo representó la más grande jornada de contagios, desde que la pandemia llegó a Tamaulipas, con 81 casos confirmados, lo que ahora sí se espera sea el pico, manteniendo, con naturales altibajos, una constante de algunos días, antes de empezar a disminuir de manera gradual.
Ello, siempre y cuando la ciudadanía mantenga las medidas de autocuidado y responda a la apertura gradual de las actividades dispuestas por el estado, calculando la incidencia de contagios de manera controlada, al tamaño de la infraestructura disponible para atender a los eventuales pacientes.
Dentro del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP-Tamaulipas, comandado por Agustín “Guty’ de la Huerta Mejía, se confirmó la afección de tres funcionarios de la Dirección central, en Victoria capital, y otro del plantel Reynosa.
Pero no es un caso nuevo, ni transita en las dimensiones que alguna publicación quiso darle.
Desde hace dos semanas, el titular administrativo fue confirmado en contagio y se encuentra internado, sin que haya sido necesario el uso de ventilador para la respiración asistida; a partir de ello se hicieron análisis en el personal de guardia que ha estado trabajando, confirmando los otros tres contagios, los cuales se presentan asintomáticos.
Esa es la verdad, monda y lironda; lo demás son elucubraciones.
El chilango morenista suplente de senador, Alejandro Rojas Díaz Durán, sigue pagándole al ‘Silicón Valley’ para hacer campaña en redes sociales entre los tamaulipecos, con los ‘temas domésticos’, en su frustrado intento por llegar a la dirigencia nacional de su partido.
En la última aseguró que “ya ingresamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación varias controversias constitucionales firmadas por presidentes municipales de MORENA y su servidor; y también la solicitud en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se suspenda la deuda millonaria que nos quiere clavar en Tamaulipas y que tiene como propósito seguir enriqueciéndose ilegalmente”.
Como no exhibió el sello de recibido, al documento que hizo firmar al alcalde de Güémez –fue al único que pudo sacarle la firma con ‘el calambre’ de que si no lo hacía estaba en contra de la 4T y el presidente AMLO–, lo más seguro es que aún traiga rodando el papel en alguna parte de su vehículo o su despacho.
Por lo que se le ha visto y escuchado, es dado a magnificar las cosas, de ésos a los que se recomienda ‘créele el diez por ciento de lo que dice’, así que la alharaca que haga sin soportar en pruebas, y nada, será lo mismo.
Por la vía virtual, bajo los auspicios del Centro de Estudios de Postgrado, ayer debatieron muy prestigiados jurisconsultos sobre ‘Los Derechos Fundamentales en los tiempos del Covid’, aportando interesantes conceptos y referencias que nacen en la premisa que el Derecho a la Salud tiene vigencia plena, corresponde al estado satisfacerlo y su incumplimiento es motivo de querella.
La doctora Verónica Román, Coordinadora del Posgrado de Derecho de la UNAM, en el Campus Aragón, entre las referencias de un amplio y laureado currículum, moderó la mesa en la que participaron Samuel Hernández de Alba, ex encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR; Rubén Arturo Sánchez Valencia, Magistrado de Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; y Epigmenio Mendieta Valdés, Doctor por Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal y candidato a Doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal.
Las referencias igual aludieron a los estados que restringieron el Derecho a la libertad de tránsito, violentando la Constitución, que a la torpe y tardía reacción del Gobierno federal a la presencia de la pandemia, empujando a los estados a tomar decisiones anticipadas, sin una regulación ni orden, que debió asumir el gobierno central, pero la dejó pasar ‘por boba’.
La Organización Mundial de la Salud –de la que forma parte México con todas sus obligaciones–, el 11 de marzo declaró la pandemia, haciendo recomendaciones inmediatas para proteger a la población; el Gobierno mexicano emitió decretos al respecto hasta el día 16 y los publicó el 30, para darles vigencia, sin dimensionar el reto y a ratos hasta despreciándolo en el discurso oficial.
Así las actuaciones del Poder Judicial de la Federación y los estados, que a su tiempo restringieron y priorizaron áreas de distintas formas, dejando sin acceso a la justicia y abonando a la proliferación de la violencia intrafamiliar, los delitos informáticos, la violencia contra personal de salud –con más de cien casos conocidos–, alejando a los justiciables, a los profesionales del derecho y generando situaciones delicadas para las personas privadas de la libertar con derecho a beneficios.
Se restringió libertad de tránsito de manera unilateral y sin considerar la incidencia de la pandemia por regiones, como ejemplo de la anacronía.
Una serie de acciones dispersas y reñidas con el derecho, que en voz del Magistrado ameritan el reclamo de alguna organización de la sociedad civil, recurriendo a la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo valer las jurisprudencias internacionales que establecen la premisa de que el derecho a la salud, es justiciable.
Los mandatos establecen, a partir de denuncias de particulares contra los gobiernos de Chile y Argentina, los dos años anteriores, la obligación institucional a satisfacer el derecho a la salud de manera inmediata, progresiva y de constante avance.
“Los Estados no pueden aplazar de manera indefinida el cumplimiento de este derecho”, reza la sentencia y abunda en la prioridad hacia las minorías vulnerables, los migrantes, apátridas, comunidades indígenas y de alta marginación.
Entre muchos otros conceptos, igual el Derecho a la Información escatimado, desde las sospechas de que las cifras anunciadas por el sector oficial no corresponden a la realidad, dimensión de la presencia de la pandemia en nuestra tierra, inhibiendo las mejores políticas públicas y actuación de la ciudadanía, para acotar la propagación del mal.
Mentir no es sólo maquillar las cifras; ocultar información; igual es una falta precisamente penalizada por las leyes locales e internacionales vigentes, sobre lo que las autoridades deben responder ante los tribunales.
Y en ello no hay diferencia entre órdenes de Gobierno.
El diputado federal maderense Erasmo González Robledo, por redes sociales, difundió una fotografía en la que aparece dialogando tras barandales, en la distancia, con su padre del mismo nombre.
“Ya pronto nos podremos abrazar, pero ahora hay que seguir cuidándolos mucho, así por el balcón seguimos viéndonos y platicando con #DonErasmo, la unidad familiar es nuestra gran fortaleza, #México y #Tamaulipas nos necesitan a todos”, inscribió.
Por su parte, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Blanca Heladia Hernández Rojas, le tocó dar las conclusiones y clausurar la sesión virtual, en el primer aniversario de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales locales de EUMXM.
Aparte, acompañada de sus pares tamaulipecos, participaron virtualmente en la segunda serie de debates electorales, donde se desarrolló el tema ‘Reforma en materia de violencia política de género’.
